Manzano informó que cinco personas ya fueron detenidas, puestas a disposición de la Justicia y serán procesadas por presunto terrorismo.
La ministra declaró a medios locales que unas 500 personas lanzaron piedras a la caravana presidencial y añadió que había "signos de balas en el carro del presidente".
Sin embargo, un informe policial citado por el Diario El Mercurio informó que fueron siete los automotores afectados en el ataque a la caravana presidencial, pero indicó que "no se encontraron indicios balísticos, ni de sustancias químicas, que evidencien tampoco el uso de explosivos".
El reporte añadió que los daños en los vehículos se produjeron por objetos contundentes, que dejaron un policía y tres integrantes de las Fuerzas Armadas heridos.
El ministro Loffredo señaló en la entrevista con el medio televisivo que existen líderes que "calientan las calles, que llaman a la toma de ciudades" y exhortó a que la Justicia actúe al respecto.
El ministro también alertó a la población respecto a la advertencia del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), sobre una eventual "toma de Quito" en caso de que el Gobierno no acceda a sus demandas.
"Nadie tiene derecho a amenazar a otro ecuatoriano, nadie tiene derecho a amenazar con destrucción a una ciudad y menos a la capital. Nadie va a tomar Quito, eso no lo vamos a permitir", afirmó.
Por su parte, la Conaie lamentó los hechos registrados en Cañar el martes, pero criticó el proceder de la escolta presidencial, que ingresó a un "territorio en resistencia".
"El Estado debe garantizar la seguridad del Presidente sin exponer a la población civil ni usar los recorridos oficiales como provocación política. Estas decisiones reflejan la postura guerrerista del gobierno de Daniel Noboa, que insiste en responder con fuerza militar en lugar de buscar soluciones mediante el diálogo. Rechazamos las acusaciones infundadas de magnicidio o intento de asesinato y condenamos el trato inhumano dado a los detenidos", señaló la organización.
Organizaciones sociales, indígenas y campesinas protagonizan un paro nacional, que cumple ya 17 días, exigiendo que el Gobierno derogue el decreto mediante el cual eliminó el subsidio del diésel. entre otras demandas.
