El paquete de medidas impulsada por el gobierno propone dar a las trabajadoras que están experimentando dolores menstruales todo el tiempo libre que necesiten, y sería el seguro social y no los empleadores, quien pague la baja por dicha licencia. Al igual que con cualquier otra incapacidad médica temporal, un médico debe certificar el problema de salud.
Además pide que los productos vinculados a la higiene y la gestión menstrual sean dispensados de forma gratuita en centros educativos, penitenciarios y de servicios sociales para que todas las mujeres tengan acceso.
La ley también abarca aspectos relacionados con el embarazo y el parto, por lo que solicitaron un nuevo permiso preparto, para que las mujeres puedan dejar de trabajar desde la semana 39 de gestación.
Asimismo, se reconocen como formas de violencia contra las mujeres la explotación reproductiva, el aborto y el embarazo forzados, la esterilización y la anticoncepción forzosas, tal como recoge el Convenio de Estambul.
El gobierno, que llegó al poder hace casi cuatro años, ha hecho de los derechos de las mujeres una de sus banderas políticas. El gabinete está conformado de 14 mujeres y ocho hombres en cargos ministeriales.
El aborto está permitido en España hasta la semana 14 de embarazo. El proyecto de ley también elimina el requisito de un período de espera de tres días entre la solicitud de un aborto y la intervención.