Actualmente, la ley italiana castiga la ayuda al suicidio con una pena de entre 5 a 12 años de cárcel. Sin embargo, en 2019, el Tribunal Constitucional, la más alta instancia jurídica del país, introdujo una excepción para "los pacientes mantenidos en vida con tratamientos [...] y con una patología irreversible, fuente de sufrimiento físico y psicológico que consideran intolerable, aunque son plenamente capaces de tomar decisiones libres y conscientes”. El cuadro médico de Carboni cumplía con todos esos requisitos.
"No niego que lamento despedirme de la vida, sería falso y mentiroso si dijera lo contrario porque la vida es fantástica y solo tenemos una. Pero desafortunadamente fue así” dijo ayer, en sus últimas palabras, el hombre cuyo caso marcó jurisprudencia.
”He hecho todo lo posible para poder vivir lo mejor posible y tratar de recuperarme al máximo de mi discapacidad, pero ahora estoy agotado mental y físicamente. No tengo un mínimo de autonomía en la vida diaria, estoy a merced de los acontecimientos, dependo de los demás para todo, soy como un barco a la deriva en el océano”, detalló, en palabras recogidas por el comunicado de la asociación.