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Mundo | Pinochet

Herederos de Pinochet deberán restituir al Estado 16 millones de dólares malversados

La justicia chilena ordena que los hijos de Augusto Pinochet devuelvan al fisco 16 M USD por fondos públicos sustraídos durante la dictadura

24 de julio de 2025 - 09:36

El Séptimo Juzgado Civil de Santiago acogió, el martes, una demanda civil del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y dictaminó que los herederos del dictador Augusto Pinochet —entre ellos sus hijos y su viuda— deben devolver 16,24 millones de dólares al Estado.

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El monto corresponde a fondos públicos no recuperados tras el cierre del caso Riggs en 2018. El fallo civil se basa en el principio de “provecho del dolo ajeno”, que responsabiliza a los sucesores que se habrían beneficiado de patrimonio ilícito durante la dictadura.

Fortuna ilícita durante la dictadura

El caso Riggs reveló que Augusto Pinochet acumuló al menos 17,8 millones de dólares sin justificación contable, provenientes principalmente de partidas reservadas asignadas a la Presidencia, la Casa Militar y el Ejército. Aunque algunos fondos fueron embargados en 2018 —por un total cercano a 1,6 millones— una parte quedó fuera del decomiso por prescripción legal o fallecimiento del dictador en 2006. El nuevo fallo ordena recuperar lo restante de manera proporcional entre los herederos.

Reparación

El abogado del CDE, Raúl Letelier, celebró el fallo como parte de un proceso de reparación de los perjuicios ocasionados por la malversación durante la dictadura. Sin embargo, los herederos aún tienen la vía de apelar la resolución. En el entorno familiar, además, persisten tensiones como la querella presentada por Jacqueline Marie Pinochet Hiriart contra su hermano Marco Antonio por apropiación indebida de propiedades heredadas, lo que refleja una compleja disputa patrimonial interna.

Aunque el dictador falleció sin enfrentar sentencia penal, este fallo representa un paso judicial significativo para la rendición de cuentas y recuperación de fondos públicos. El caso es interpretado como un señalamiento contra la impunidad histórica y el abuso institucional. Marca también un precedente en la forma en que los tribunales civiles pueden adjudicar responsabilidades patrimoniales derivadas de crímenes del pasado.

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