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La decisión de Irán es en respuesta a la decisión argentina contra el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI).
Irán declara terroristas a la Fuerza Aérea y la Armada de Argentina en represalia por la decisión de Buenos Aires contra el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI). El Gobierno argentino repudió la decisión .
En marzo, en plena guerra en Oriente Medio, el gobierno del presidente argentino Javier Milei declaró a los Guardianes de la Revolución como "organización terrorista", lo que permite aplicar "sanciones financieras y restricciones operativas" a Irán.
Argentina acusa a los Guardianes de la Revolución de apoyar al movimiento chiita libanés Hezbolá, al que atribuye dos atentados cometidos en Buenos Aires: uno en 1992 contra la embajada de Israel, con un saldo de 29 muertos, y otro dos años más tarde contra el centro comunitario judío AMIA, en el que murieron 85 personas y cientos más resultaron heridas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, en un comunicado, manifestó su rechazo a la declaración de la República Islámica de Irán contra sus Fuerzas Armadas.
La Cancillería sostuvo que esa medida carecía "de todo fundamento" y que se trataba de "una acusación inadmisible contra instituciones legítimamente constituidas" que estaban subordinadas a la Constitución y dedicadas a la defensa de la soberanía nacional.
Las Fuerzas Armadas argentinas "desarrollan sus funciones con estricto respeto a las leyes nacionales, al derecho internacional, a los tratados y acuerdos internacionales y a la soberanía de los Estados", remarcó la institución.
En el marco de una política exterior que bajo la actual Administración alinea al país sudamericano a EEUU e Israel de manera incondicional, el presidente, Javier Milei, sostuvo en abril que Irán era "enemigo de Argentina".
En septiembre, un juez federal argentino procesó a siete ciudadanos iraníes y a un libanés por asumir que participaron en el atentado contra la AMIA a través de un régimen de juicio en ausencia (ley 27.784), un mecanismo procesal que permitió avanzar en el proceso penal más allá de que los acusados estén prófugos y nunca se presentaran ante las autoridades judiciales del país sudamericano.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó en junio de 2024 al Estado argentino por no haber adoptado medidas para evitar el atentado contra la mutual judía y por no haber investigado con la diligencia requerida el ataque y su encubrimiento.
(En base a Sputnik, France24 e HispanTV)