Finalmente a Alexandro Infante lo acusa “de un delito de fraude especialmente agravado en concurso con falsificación ideológica por funcionario público, en reiteración real con un delito de abuso de funciones especialmente agravado, también en concurso con falsificación ideológica por funcionario público” Para él pide una condena de cuatro años de penitenciaría, cinco años de inhabilitación especial para cargos públicos y una multa de 170 unidades reajustables.
El juicio será oral y público y todavía no se ha fijado la fecha, pero seguramente será antes de la Feria Judicial de enero.
Cuando fueron formalizados el Partido Nacional suspendió en todos sus derechos partidarios a los tres imputados Sánchez no fue reelecto en el 2025; Correa renunció para asumir como suplente de Rodrigo Blás en diputados e Infante es el único que mantiene su condición de edil.
El origen de la solicitud de condena
A fines de febrero del año pasado el periodista Jorge Bonica, director de El Bocón, informó que “dos personas se comunicaron con él para entregarle documentos que demostrarían que mediante una burda maniobra el ex presidente de Junta, José Luis Sánchez, se habría apoderado de varios millones de pesos”. Según la denuncia también estarían involucrados otros ediles blancos que ocuparon la presidencia durante los pasados 5 años.
La maniobra consistía en la presentación de facturas aparentemente falsas por parte de un proveedor de servicios. Ese proveedor aparecía como asociado a un hijo Sánchez. Éste como ordenador de gastos, depositaba el monto de la factura en la cuenta de su hijo. El detalle es que éste inmediatamente la giraba a la cuenta de su padre, es decir, el edil Sánchez.
La cifra total era aproximadamente 1.400.000 pesos y la maniobra se realizó durante largo tiempo. Ahí es donde aparecen involucrados otros dos ediles blancos que también se desempeñaron como presidentes de la Junta. Por ahora no está probado que recibieran dinero, pero si que fueron omisos en los controles, ya que se continuó pagando facturas a una empresa que ni siquiera figuraba en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), obligación para toda empresa que contrate con el Estado.
Con esos documentos en mano, Bonica se reunió con la entonces presidenta de la Junta, la también edila blanca Verónica Robaina, quién le confirmó que “las facturas eran autenticas”.
El periodista decidió entonces entregar toda esa documentación a la fiscalía a cargo del doctor Jorge Vaz .Y aquí es donde comienza la hecatombe.
Sánchez amenazó con suicidarse si Bonica no retiraba la denuncia. Después pidió licencia a su cargo para ya no volver porque no fue reelecto, ninguna lista lo incluyó.
La bancada del Frente Amplio solicitó la conformación de una Comisión Investigadora que el Partido Nacional apoyó a regañadientes, cuando el escándalo público antes de las elecciones de mayo era imparable.
La comisión se reunió después del aplastante triunfo nacionalista, pero decidió por mayoría que sus actuaciones serían secretas. Entonces contrataron al abogado Augusto Durán Martínez - experto en Derecho Administrativo, ex prosecretario de la presidencia de Luis Lacalle Herrera, presidente del instituto Manuel Oribe y padre del actual embajador uruguayo en EEUU – para que les dijera que “estaba todo en orden”.
En su informe Durán afirma que “la contratación practicada se realizó de conformidad con el Derecho, que se actuó correctamente, además de que “no se detectaron irregularidades que cuestionen la legitimidad del proceso administrativo”.
Agrega que “si hubo órdenes de gastos en favor de determinado proveedor es que hubo una selección de contratista y esa selección del contratista se efectúa por un acto administrativo implícito”.
También estableció que “la modalidad de contratación directa aplicada por escaso monto fue legítima y ajustada al marco legal vigente”, afirmando que no se observaron irregularidades administrativas ni jurídicas sustanciales.
La Comisión presentó el informe en mayoría al plenario de ediles. Pero por una maniobra de la bancada blanca, el Frente Amplio fue impedido de leer el informe en minoria.Y por eso decidió presentar la denuncia penal.
Nadie contó con que el hijo de Sánchez, finalmente, “destaparía el tarro”.
El fiscal Vaz citó a Bonica para ratificar la denuncia, luego a ediles del FA y finalmente a Sánchez y a su hijo como testigos, además de a otras personas.
Entonces el hijo de Sánchez fue lapidario. Negó tener una empresa, señaló que si conocía a la persona que emitía las facturas “porque vivimos en la misma ciudad” pero negó tener cualquier tipo de vínculo con él.
El joven dijo al fiscal que “hace unos años, durante un cuarto intermedio de la sesión de la Junta, su padre lo llamó para pedirle su número de cuenta del BROU y a la vez le solicitó que le reenviara ese dinero a su cuenta”. Entonces no sospechó nada, creyó que sería por algún negocio. Pero igual le llamó la atención que los giros fueran desde la cuenta de la Junta Departamental.
En ese momento abrió su aplicación del BROU y le mostró al fiscal la enorme cantidad de giros que recibió y reenvió.
Con esa evidencia el fiscal Vaz solicitó a la justicia que ordenara el levantamiento del secreto bancario para las cuentas de la Junta Departamental, las de edil Sánchez, las de su hijo y también las de los ex presidentes de la Junta, los ediles blancos Darwin Correa y Alexandro Infante, que continuaron los pagos.
Los tres ediles fueron formalizados en setiembre del año pasado y tienen medidas limitativas