Otros tres presuntamente recibieron mensajes de texto que les ordenaban presentarse en puntos de reunión el 7 de octubre, y a uno se le dijo que trajera granadas propulsadas por cohetes almacenadas en su casa, agrega el dosier.
Igualmente, el documento menciona a un consejero escolar de Jan Yunis, en el sur de Gaza, acusado de colaborar con su hijo en el secuestro de una mujer israelí. Asimismo, una trabajadora social de Nuseirat, en el centro de la franja, supuestamente ayudó a trasladar el cuerpo sin vida de un soldado israelí hasta el enclave palestino, así como distribuyó municiones y coordinó vehículos el día del ataque.
Israel señala que siete de los acusados eran profesores de matemáticas y árabe en escuelas de la UNRWA y otros dos trabajaban en escuelas en otros puestos. Los tres restantes fueron descritos como un oficinista, un trabajador social y un encargado de almacén.
Asimismo, el expediente israelí describe a diez de los trabajadores como miembros de Hamás y a otro como afiliado al grupo militante Yihad Islámica.
En respuesta a las acusaciones, que aparecieron la semana pasada, la ONU comunicó el viernes que había despedido a varios miembros de su personal y comenzado una investigación.
En este contexto, países como Japón, Francia, EE.UU., Canadá, Finlandia, Países Bajos, Australia, Italia, Alemania, Austria, Reino Unido y Suiza decidieron suspender su contribución a la UNRWA.
Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el domingo que se reanude la financiación, enfatizando que el trabajo de la agencia es fundamental para la supervivencia de los dos millones de civiles residentes del enclave palestino y que sus decenas de miles de empleados que trabajan en condiciones de riesgo no deben ser penalizados.
Fuente: Con información de RT
