Con la disolución del parlamento, el mandatario ecuatoriano podrá gobernar hasta por seis meses por decreto con el control de la Corte Constitucional.
En una cadena de radio y televisión Lasso aseguró que “todos los esfuerzos del poder legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno”.
Argumentó que “esta es una decisión democrática no sólo porque es constitucional sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones” y consideró que “esta es la mejor decisión posible que nos abre el camino para recuperar la esperanza, la tranquilidad”.
Con esta decisión, el proceso de juicio político contra Lasso se cancela, cuando en la Asamblea Nacional avanzaba la posibilidad de destituir al mandatario. Para la destitución de Lasso se requería el voto de 92 de los 137 legisladores y legisladoras.
Con el decreto del mandatario, habrá un adelanto de elecciones tanto legislativas como presidenciales, de ahí el término de muerte cruzada.
Lasso deberá convocar elecciones presidenciales y legislativas.
Los ganadores de estos comicios completarán el actual periodo presidencial y legislativo que termina en mayo de 2025.