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Las autoridades de Río de Janeiro continúan investigando el reciente ataque en el que al menos 35 autobuses públicos fueron incendiados en represalia por la muerte de un líder de una mafia parapolicial en la ciudad.
El incidente, que causó estragos en la segunda ciudad más grande de Brasil, desencadenando una respuesta contundente de las autoridades y un llamado a la unidad contra el crimen organizado.
Después del ataque, el gobernador Claudio Castro reafirmó su compromiso de luchar contra las milicias y expresó que el Estado no se dejará desafiar por el crimen organizado. Además, prometió resultados continuos en su lucha contra estas organizaciones delictivas, que han ganado poder en los últimos años en Río de Janeiro.
El ataque se produjo tras la muerte de Matheus da Silva Rezende, conocido como "Faustão", el número dos en la jerarquía de la mafia parapolicial, en un enfrentamiento con la policía. Faustão era considerado responsable de las violentas disputas territoriales en Río. Estos disturbios han afectado a por lo menos siete barrios y han llevado a la suspensión de clases en la zona oeste de la ciudad.
En un llamado a la unidad, el alcalde Eduardo Paes pidió una respuesta firme de las fuerzas policiales y condenó a los autores de los disturbios, calificándolos de delincuentes e idiotas por dañar autobuses públicos financiados con el dinero del pueblo. La comunidad y las autoridades locales se han unido en su condena a estos actos de violencia.
El incidente destaca la creciente influencia de las milicias en Río de Janeiro, grupos criminales compuestos en su mayoría por policías y militares retirados o en servicio activo. Estos grupos han ido ganando poder a expensas de los traficantes de drogas tradicionales y han extendido su control sobre territorios y comunidades.
La investigación sobre el ataque a los autobuses continúa, y las autoridades han reforzado la seguridad en la ciudad en un esfuerzo por prevenir futuros actos de violencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos.