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Milei recorta pensiones por discapacidad y los trata de "idiotas" y "débiles mentales"

Tras la polémica pública el gobierno de Milei dio marcha atrás con el uso de términos estigmatizantes pero no con el recorte de pensiones.

El Gobierno argentino recurrió a términos estigmatizantes, como "idiota", "imbécil" y "débil mental" en una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que determina los requisitos para tramitar pensiones por discapacidad. Ante la polémica pública decidió este jueves revertir la medida.

Se trata de "un retroceso sin precedentes en materia de derechos y grafica lo que los funcionarios libertarios están haciendo con nuestro colectivo: nos ajustan y nos persiguen”, dijo a Página/12 la referenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), Ana Dones.

"Idiota", "imbécil" y "débil mental" son los conceptos peyorativos que utilizó la Andis en el anexo de la Resolución 187, publicada el 16 de enero y cuyo contenido se conoció más temprano este jueves.

Evaluar discapacidad

El documento del organismo que dirige Diego Spagnuolo y que estipula los criterios de evaluación para otorgar las pensiones no contributivas por invalidez laboral establece una clasificación según el coeficiente intelectual y determina lo siguiente:

"Los grupos son: 0-30 (idiota): no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no pude subsistir solo; 30-50 (imbécil): no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias; 50-60 (débil mental profundo): solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias".

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Por su parte, la presidenta de REDI, Gabriela Troiano, denostó la publicación del Gobierno que preside Javier Milei y aseguró que el empleo de estos insultos son "un acto de violencia institucional sin precedentes".

Siete organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentra REDI, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y el Centro de Estudios Legales y Sociales, presentaron un reclamo administrativo para que la resolución 187/2025 sea dejada sin efecto "en forma urgente".

La medida contraviene además la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas, que en Argentina tiene rango constitucional.

A raíz de la controversia, la Andis anunció que modificará la resolución y advirtió que nunca tuvo "una intención discriminatoria", sino que "se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta".

(En base a Sputnik y Página/12)

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