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¿En qué situación queda la Argentina gobernada por el libertario Javier Milei tras el cuestionado Pacto de Mayo?
La conmemoración de la independencia argentina del pasado martes 9 de julio marcó el cierre de una etapa intensamente anhelada por el presidente libertario Javier Milei, tras algo más de seis meses de complejas aunque exitosas negociaciones, chantajes y corrupción.
El nivel de colaboración de un amplio espectro político para alcanzar el resultado de la firma del llamado “Pacto de Mayo” (por el propósito original de celebrarlo y suscribirlo en otra efeméride patria) resulta mucho más determinante que las propias iniciativas presidenciales.
La colaboración se refleja en la vigencia del extenso y amplio decreto de necesidad y urgencia (70/23), que la Cámara de Diputados no deroga a pesar de haberlo hecho el Senado; la aprobación de la ley “Bases…”, versión acotada de la original naufragada entre torpezas y desconocimientos reglamentarios en Diputados, pero que luego fue resucitada con algunos recortes; y la vigencia del protocolo de seguridad, que ha dejado decenas de víctimas del terror represivo, para culminar con este gesto político-simbólico coronado a la mañana siguiente con un desfile militar.
En síntesis, Milei no está solo ni es un fenómeno estentóreo de excentricidad fugaz. Es, inversamente, la desembocadura de un tejido de acuerdos, entre dádivas y favores varios, de una amplia mayoría de la “casta” política, sobre cuya condena una mayoría ciudadana le encomendó a Milei la ejecución, mientras él públicamente solo verbaliza, para untarla con bálsamos entre resguardados muros.
A la firma del acuerdo de diez puntos fueron convocados todos los gobernadores y, a juzgar por el resultado, también los presidentes de ambas cámaras legislativas nacionales y, ya que siempre lo acompaña, su propia hermana.
La cosecha no fue menor: logró que las tres cuartas partes de los gobernadores (18 de 24, todos varones, dicha sea de paso) estamparan su firma en una declaración genérica, rescatando la fraseología hegemónica de más de un cuarto de siglo atrás, conocida como Consenso de Washington, originalmente recetada también en diez puntos por el economista John Williamson.
Ambos dicen prácticamente lo mismo, como se aprecia en el cuadro creado al efecto comparativo. Ambos se centran en la disciplina y equilibrio fiscal, enfatizan la reforma tributaria, consagran la liberalización plena del comercio y las barreras, las privatizaciones, la seguridad jurídica y la propiedad privada. A lo sumo difiere en cuestiones de forma en lo relativo al gasto público, donde en el caso vernáculo se exhibe un avance mayor aún en la reforma laboral y previsional, además de detallar el énfasis en la coparticipación federal de impuestos, tan atractiva para los gobernadores. Sin contar con un solo gobernador de su propio partido político, “La libertad avanza” (LLA), deberían quedar pocas dudas sobre la colaboración genuflexa de peronistas, radicales y del partido de Macri (PRO).
Podría argüirse que se trata de un mero gesto simbólico, incluso estrambótico por hacerse después de la fría medianoche austral, carente de consecuencias ejecutivas concretas o costos políticos. Podría tratarse de una simple asistencia a un acto, como los tediosos escolares.
No es caso de la pomposa ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que siendo una versión reducida de la original Ley Ómnibus de febrero (razón por la que se la llama Ley Combi), sometida a toda clase de negociaciones por meses, aunque no por ello poco abarcativa sino de consecuencias amplias y profundas.
Esta ley, aunque en el Senado contabilizó un empate, calculado al detalle para permitir la aprobación final por parte de la vicepresidenta, en la Cámara Baja tuvo un apoyo arrollador después de 64 horas de sesión. Logró 147 votos contra 107 negativos y 2 abstenciones. Su complemento, la ley de “Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”, llamada Paquete Fiscal, logró 144 votos contra 108 negativos y 3 abstenciones.
De manera sintética y exclusivamente descriptiva, la ley realiza una declaración de emergencia en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, donde el Poder Ejecutivo recibe facultades especiales para manejar estas áreas, reportando al Congreso mensualmente (art. 1).
Sobre la Reforma del Estado enfatiza la reorganización administrativa, incluyendo la modernización de procesos y la reducción del gasto público (art. 20).
En materia de privatización y desregulación, subraya medidas para fomentar la inversión privada (art. 40) y la desregulación de sectores clave de la economía, la venta de activos estatales no estratégicos para reducir el déficit fiscal. Además, introduce la flexibilización del mercado laboral con el argumento de fomentar el empleo y la competitividad mediante simplificación de las normas laborales y reducción de cargas impositivas para empleadores (art. 60).
Mención aparte merece el capítulo del “Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones” (RIGI), que establece incentivos y protección de “derechos adquiridos” para inversiones que superen los 200 millones de dólares con un plazo de adhesión son 2 años a partir de la sanción de la ley, prorrogable por un período de hasta un año.
Ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios durante 30 años, entre ellos la reducción del impuesto a las ganancias del 35 % al 25 %, la devolución acelerada del IVA y retenciones cero para las exportaciones que surjan de estas inversiones. Parecieran artículos redactados a la medida de los grandes grupos de explotación hidrocarburífera, además de los extractivistas en general (arts. 164 al 207).
Por su parte, el denominado Paquete Fiscal establece un régimen excepcional para la regularización de deudas tributarias, aduaneras y de seguridad social que incluye beneficios y condonaciones de intereses y multas para los contribuyentes que se adhieran (arts. 1 al 4).
Además, implementa medidas temporales para aliviar la carga fiscal sobre individuos y empresas afectadas por la crisis económica, ofreciendo facilidades de pago y reducción de intereses para deudas fiscales (art. 6). Crea un régimen de regularización de activos no declarados, tanto en el país como en el exterior, recurriendo a la inveterada figura del “blanqueo” en la historia económica argentina, estableciendo plazos y condiciones específicas para la declaración y pago de impuestos sobre estos activos (arts. 18 y 28).
¿Difiere sustancialmente este resultado de la iniciativa original, la Ley Ómnibus? O, en otros términos, ¿debió morder el polvo por la resistencia y dinamismo de la combatida “casta”, resignando aspectos cardinales de su estrategia?
Por un lado, debió reducir la extensión y el plazo de vigencia de las facultades delegadas (arts. 3 y 4), mientras que, por otro, tuvo que limitar la declaración de empresas públicas sujetas de privatización (arts. 8 al 11). Además, quedaron en el camino algunas iniciativas como la creación de un régimen único de contrataciones públicas, normativas sobre publicidad de actos públicos sin promoción política y personal de funcionarios públicos (algo precisamente progresista y particularmente molesto para la “casta”), así como reformas más detalladas de legislación energética y ambiental o del sistema educativo. Prefiero considerarlo el costo de matriculación y emisión de membresía de la “casta”.
Ninguna de las normativas, ya en vigencia, contradice el rumbo económico-social que el Gobierno ha venido implementando apoyado en el DNU que el Parlamento se niega a derogar. Por el contrario, lo profundiza con consecuencias arrasadoras.
A grandes brochazos, un estudio pormenorizado del Instituto Interdisciplinario de Políticas Públicas de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet (IIEP), sostiene que la recesión actual es una de las más grandes de la historia en términos sectoriales, seguida por la de 1975-1978 (del fin del gobierno de Isabel Perón y el terrorismo de Estado), aunque repartiéndose las pérdidas de forma algo más equitativa que entonces. Sin espacio para abundar con detalles, concluiremos que el Producto Bruto Interno (PBI) cayó un 5,1 % interanual en el primer trimestre de 2024, con el exclusivo crecimiento de las exportaciones por el impulso del sector agropecuario, que mejoró respecto al año previo, el de la extendida sequía.
Por si la analogía del estudio citado no resultara suficiente en materia económica, el acto se cerró con un desfile militar. Una de las objeciones más generalizadas a la firma del Pacto de Mayo en Tucumán y al desfile es la magnitud del costo de ambos actos en un contexto de lacerante incremento de la pobreza y de la declamada reducción de los gastos fiscales. Comparto esta crítica, pero no me parece esencial.
La exhibición obscena de parafernalia de guerra y represión, de uniformidades y disciplinamientos en su más amplia acepción, me resulta repugnante. Lejos del honor y orgullo expuestos, sus instituciones me merecen repudio y vergüenza.
Más allá de mi impacto subjetivo, esta “reconciliación” forzada con la sociedad tiene consecuencias políticas y no casualmente el recetario económico y su puesta en práctica se asemejan tanto al período del terrorismo de Estado.
Cerca del palco hubo pancartas que reivindicaban a los golpistas carapintadas de los ‘80, a las jefaturas que entregaron a los chicos en Malvinas.
En la Avenida Cabildo se asistió a un desfile de automóviles Falcon el modelo que utilizó la dictadura para secuestrar a los luego desaparecidos embanderados.
No es casual que la vicepresidenta, defensora de los genocidas y de la institución criminal, se haya sumado al payasesco espectáculo de circular a bordo de un tanque junto a Milei, quien además hacía ademanes de disparo, al estilo Bolsonaro.
Carambolas de la historia, quien supo detectar el repudio popular ante la descomposición política y la decadencia nominándola “casta”, para excluirse no sin cierto derecho, logre luego fusionarse íntimamente, atrapado en las garras de lo inconfesable o bien simplemente seducido por sus mieles, en una suerte de mutua contaminación orgánica y sistémica. En estas excrecencias legislativas fácticas, jurídicas y simbólicas se ahoga hasta el más modesto anhelo popular.