"Al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, (las muertes) podrían calificarse como una masacre", expresó la CIDH. Y añadió: "Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales".
El informe también señala que las víctimas de la represión recibieron "impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones, en la parte superior del cuerpo" y que hirieron a personas ajenas a las manifestaciones.
Las manifestaciones iniciaron el 7 de diciembre, tras la destitución del presidente izquierdista Pedro Castillo (julio de 2021-diciembre de 2022) ante su intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto.
La negación de Boluarte
Ante el informe de la CIDH, la presidenta de Perú, Dina Boluarte declaró que su gobierno respeta los derechos humanos y fomenta el diálogo y la paz social. Asimismo, negó responsabilidad en las muertes durante la represión y responsabilizó a los manifestantes, a quienes calificó de “vándalos”.
“Rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre”, sentenció en referencia al informe del organismo internacional.
