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El Primer Encuentro Nacional de Regiones y del Pueblo Organizado en Perú acordó realizar 10 días de protestas por la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, informó este lunes uno de sus voceros, Jorge Pizarro.
En declaraciones a Prensa Latina, Pizarro señaló que la reunión tuvo como base elaborar una plataforma de lucha de consenso, dejando de lado temas carentes de unidad, con el fin de hacer más efectiva la protesta, y realizar esta del 19 al 28 de julio, culminando en el día de la independencia nacional.
Los objetivos, dijo, son la renuncia de la presidenta Boluarte y la realización pronta de elecciones presidenciales y parlamentarias adelantadas y un proceso hacia la asamblea constituyente.
Las delegaciones del interior se comprometieron a enviar delegaciones de manifestantes a Lima y los de la región surandina de Puno, bastión de resistencia contra el gobierno, ratificaron que aportarán mil por cada una de las 13 provincias de ese territorio.
Pizarro señaló igualmente que la movilización se desarrollará sobre todo en la capital, pero no se llamará “Toma de Lima”, nombre que la prensa adversa utiliza para presentarla como violenta.
Se denominará Jornada Nacional de Movilización Popular Permanente, indicó, a tiempo de resaltar el hecho de que asisten representantes de organizaciones regionales, sindicales y agrarias, entre otras, de casi todas las regiones peruanas.
Además, concurrieron dirigentes de agrupaciones vecinales de los barrios populares de Lima y organizaciones nacionales como la Confederación General de Trabajadores y la Central Unitaria de Trabajadores.
También la Central Nacional de Rondas Campesinas (formaciones populares de seguridad ciudadana rural) y el Comando Unitario Nacional de Lucha.
En sus primeras deliberaciones, el encuentro analizó informes internacionales que consignan denuncias sobre violaciones de los derechos humanos con un saldo de cerca de 70 muertos, en su mayoría civiles caídos por impactos de armas de fuego, durante la primera ola de protestas.
Pizarro añadió que la dirección de la protesta considerará la posibilidad de pedir observadores internacionales, a fin de evitar consecuencias como las registradas durante la movilizaciones realizadas entre diciembre y marzo último.