La familia de Opolot está profundamente preocupada por su seguridad, ya que la pena de muerte es una posibilidad real en este caso. Las autoridades ugandesas han reforzado su postura anti-LGBTQ+ con la promulgación de la nueva ley en mayo, que no solo mantiene la cadena perpetua para los actos homosexuales, sino que también establece la pena de muerte para la "homosexualidad agravada" y condena la "promoción de la homosexualidad".
La comunidad LGBT+ en Uganda vive con temor debido a esta ley, que ha llevado a un aumento de detenciones y persecuciones. Organizaciones como Rainbow Railroad han registrado un aumento significativo en las solicitudes de ayuda para escapar de la persecución en el país.
La respuesta internacional a esta situación ha sido enérgica, con condenas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, que amenazan con sanciones si Uganda no deroga la ley. El Banco Mundial también ha retirado su financiación debido a que la normativa va en contra de sus valores fundamentales.
La situación en Uganda es un recordatorio de la importancia de proteger los derechos humanos y luchar contra la discriminación y la persecución basada en la orientación sexual.