Miles de trabajadores textiles en Bangladés reclaman un aumento salarial, paralizando cientos de fábricas.
Un negocio multimillonario sostenido por salarios bajos
La dimensión del conflicto se entiende al observar el peso que tiene la industria textil en la economía bangladesí. El país es el segundo mayor exportador mundial de indumentaria, detrás de China, y produce para cadenas internacionales como H&M, Zara, Primark y Walmart. Durante el ejercicio fiscal 2025-2026, las exportaciones de prendas alcanzaron los 38.701 millones de dólares, según los registros de la Oficina de Promoción de Exportaciones (EPB). El sector representó el 80,62% de las exportaciones de bienes del país, lo que lo convierte en una pieza fundamental de su economía.
La Unión Europea es el principal destino de esa producción, absorbió compras por 19.710 millones de dólares, el 50,1% del total. Estados Unidos ocupó el segundo lugar, con 7.550 millones (19,18%), mientras que Reino Unido concentró 4.350 millones (11,05%).
Es decir, la crisis laboral de Bangladés no es un problema aislado de su economía doméstica. Atraviesa una industria integrada a los mercados internacionales y de la que dependen algunas de las principales cadenas de comercialización de ropa.
Fábricas cerradas, detenciones y un trabajador muerto
La tensión escaló rápidamente. El 1 de noviembre, al menos 529 fábricas suspendieron sus actividades en medio de las movilizaciones. Las protestas también dejaron un saldo de violencia, Toufiq Sheikh, uno de los trabajadores, murió tras ser golpeado durante los enfrentamientos. Hasta el 5 de noviembre, al menos 60 personas habían sido detenidas y otras 50 habían resultado heridas.
El escenario recuerda a las movilizaciones de 2023, cuando los trabajadores reclamaron un salario mínimo de 200 dólares mensuales. En aquella oportunidad, el Gobierno elevó la remuneración mínima de 8.000 a 12.500 takas, unos 100 dólares. Sin embargo, el incremento quedó lejos de las expectativas de los empleados, que consideran que la suba no acompañó el encarecimiento del costo de vida.
La nueva ola de protestas vuelve a colocar sobre la mesa una discusión que se repite en el sector, cuánto cuesta realmente producir la ropa que luego llega a los escaparates de las principales marcas internacionales y qué parte de ese negocio reciben quienes la confeccionan.
La negociación que busca desactivar el conflicto
Ante la presión de las movilizaciones, el Gobierno anunció el 1 de noviembre la creación de una nueva comisión salarial. Tres días después, el organismo comunicó que negociaría una escala de remuneraciones que entraría en vigor en diciembre. Según el cronograma anunciado, los trabajadores recibirían el primer salario actualizado en enero de 2027.
El anuncio permitió reducir parcialmente la tensión en las zonas industriales y numerosas fábricas retomaron sus actividades. Sin embargo, el conflicto continúa abierto porque todavía no se conoce cuál será el monto definitivo del aumento. Los sindicatos sostienen que el nuevo salario debería acercarse a las 32.000 takas mensuales para responder al costo de vida. La patronal, por su parte, considera que la decisión debe quedar en manos de las autoridades.
Mahmud Hasan Khan Babu, presidente de la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Ropa de Bangladés (BGMEA), aseguró que las empresas respetarán la resolución de la comisión. «Nuestros representantes presentarán nuestra propuesta, los trabajadores presentarán la suya y, al final, todos aceptarán lo que decida la comisión salarial», afirmó. Pero para Syed Sultan Uddin Ahmed, director ejecutivo del Instituto de Estudios Laborales de Bangladés (BILS), el problema no se resuelve con un incremento puntual. El especialista cuestionó que los salarios establecidos históricamente hayan permitido a los trabajadores cubrir sus necesidades.
«Los salarios actuales de los trabajadores de la confección en realidad no son un salario. Cuando se establecieron ya estaban fijados en el nivel más bajo de todos. Cada vez que se determina un salario, resulta tan bajo que los trabajadores nunca quedan satisfechos», sostuvo. Ahmed considera que la comisión debe tomar en cuenta el costo real de la vida y reclama que la negociación parta de la demanda de los empleados. «Esta vez tiene que ser un salario aceptable. No quiero dar una cifra, pero debe ser aceptable para ambas partes. La discusión debería partir de la demanda de los trabajadores de 30.000 takas», agregó.
Exigen que el salario mínimo pase de 100 a 244 dólares mensuales, ante el alto costo de vida.
Una industria difícil de controlar
Bangladés no cuenta con una base de datos exhaustiva y actualizada de los trabajadores textiles. En junio de 2024, el Gobierno informó al Parlamento que el sector empleaba a más de cinco millones de personas. Sin embargo, la base de datos biométrica de la BGMEA contabilizaba 3,3 millones de trabajadores, de los cuales el 52,28% eran mujeres.
Las diferencias también aparecen al contar las fábricas. Mientras el Ministerio de Trabajo registraba 4.265 plantas de confección en junio de 2026, la asociación empresarial contabilizaba 2.128 establecimientos operativos en mayo de ese año. Parte de la explicación está en una estructura productiva que incluye fábricas subcontratadas y pequeños talleres que quedan fuera de los principales sistemas de control. Esta fragmentación dificulta tanto la fiscalización de las condiciones laborales como la elaboración de estadísticas confiables.
Así, mientras las grandes marcas internacionales continúan abasteciéndose de uno de los principales centros de producción textil del planeta, miles de trabajadores reclaman una remuneración que les permita vivir de su trabajo. La disputa salarial de Bangladés vuelve a poner en evidencia el lado menos visible de la industria global de la moda, detrás de cada prenda que llega a los comercios existe una extensa cadena de producción y millones de trabajadores cuyo salario sigue siendo uno de los puntos más conflictivos del negocio.