La trama se habría desarrollado en los períodos previos y posteriores a las elecciones presidenciales de octubre de 2022, culminando en el asalto a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en enero del año siguiente.
Su fin último, según la policía, era asegurar por medios no democráticos la "permanencia en el poder del entonces presidente de la República”, Jair Bolsonaro, y evitar la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, que gobierna desde el 1 de enero de 2023.
En una publicación en la red social X, Fabio Wajngarten, asesor de Bolsonaro, afirmó que el expresidente cumplirá las órdenes de la PF.
Según Wajngarten, Bolsonaro se encontraba en su casa de Angra dos Reis, Río de Janeiro, acompañado de un exasesor.
Bolsonaro sin contacto
Además de retirarle el pasaporte, las autoridades ordenaron a Bolsonaro no mantener contacto con otras personas investigadas.
Estas son sus aliados cercanos, desde exministros a altos cargos militares, que según la policía habrían formado parte de la organización.
Bajo el nombre Tempus Veritatis, el operativo policial cumplió diligencias en una decena de estados, donde dictó 33 órdenes de allanamiento y 4 mandatos de prisión preventiva, además de imponer a los sospechosos un total de 48 medidas cautelares.
Indica la BBC que los sospechosos se dividieron “en núcleos de actuación” para propagar sospechas de fraude en las elecciones de octubre de 2022, en las que Lula venció a Bolsonaro en la segunda vuelta con un margen de 1,80 puntos porcentuales, según la investigación de la policía.
Ésta acusa a los investigados de diseminar estas sospechas “incluso antes de la celebración de los comicios” y asegura que su fin último era “legitimar una intervención militar”.
(En base a información de Sputnik y BBC Mundo)
