Todo lo que necesitas saber de Bukele y las elecciones en El Salvador

Hay que partir de un postulado: la reelección en El Salvador es inconstitucional. Por lo menos en seis disposiciones constitucionales la reelección queda expresamente prohibida, incluso hay sanciones para los ciudadanos que suscriban proclamas o adhesiones a la reelección.

El artículo 154 de la Constitución dice que el periodo presidencial durará 5 años, sin que la persona que lo haya ejercido pueda permanecer en el cargo un día más. Pero como ha ocurrido en otros países de América Latina, en el caso salvadoreño, esta posibilidad de reelección se le abre al presidente Bukele a través de una interpretación del Tribunal Constitucional o de la sala de lo constitucional.

Hay que ir a poco atrás, hasta el 1 de mayo del 2021, cuando el oficialismo consigue una mayoría parlamentaria que le permite, ese mismo día que asumen, destituir a los magistrados de la sala de lo constitucional que habían sido electos apenas un par de años atrás e imponer en esos cargos a gente afín al oficialismo.

De hecho, uno de los abogados que está en la sala de lo constitucional trabajó para funcionarios del Gobierno de Bukele, otro había sido nombrado en otra institución también por el oficialismo. Es decir, la sala de lo constitucional fue ocupada por personas afines al oficialismo y son estos los que meses después, en una resolución, interpretan que el presidente siga un segundo mandato. La reelección es inconstitucional, pero los magistrados impuestos en la sala de lo constitucional, como ocurrió en Honduras, como ocurrió en Nicaragua, habilitan al presidente para postularse.

Hoy en América Latina, uno dice Bukele y la gente rápidamente ubica El Salvador y entiende con la intermediación de los medios, qué es lo que está pasando ahí. Pero queremos preguntarte por la diferencia entre legalidad y legitimidad. En términos de legitimidad ¿Cómo esto ha repercutido en la sociedad?

El principal reto, tanto propagandístico como a la hora de tomar decisiones para el presidente, es la base de apoyo que tiene en la sociedad. Es innegable el nivel altísimo de popularidad que tiene el presidente. Todos los sondeos de opinión pública lo recogen de esta manera, es el presidente más popular de América Latina.

Esto ha permitido que Bukele lleve adelante no solo esta intención de reelegirse, sino decisiones tan polémicas como la decisión de adoptar un régimen de excepción que ha entrado en su 16º mes de vigencia, es decir, llevamos 1 año y medio con garantías constitucionales suspendidas en El Salvador y eso no le tiene ningún costo político al presidente, como tampoco le tuvo ningún costo político su decisión de disolver la Comisión Internacional contra la impunidad en El Salvador (Cicies) que fue una promesa de campaña de él.

Cuando el presidente ve que la Cicies lleva al Ministerio Público a la Fiscalía, 16 casos por supuesta corrupción en su gobierno, en la contratación durante la pandemia, el presidente lo que decide es disolverla y expulsarla del país y esto no tuvo tampoco ningún costo político.

El presidente actúa en tanto el nivel de popularidad no disminuya, tiene una base social, una base de apoyo muy consolidada, muy fuerte y esto tiene que ver también con la ausencia de una oposición que que vaya aprovechando ciertos temas como los descontentos en materia económica, los problemas fiscales en el deterioro en materia institucional y de Derechos Humanos, es decir, el presidente tiene una gran capacidad de acción por el apoyo social que tiene, pero también porque la oposición en El Salvador es políticamente inexistente en el terreno de la disputa, de narrativas, de espacios de acceso al poder y de espacios en el control institucional.

¿Cómo está el tema de la pobreza, la sanidad pública y la educación en El Salvador?

Esto esto es muy interesante porque permite decir varias cosas, en primer lugar, que el gobierno gusta mucho de poner en la agenda de discusión pública un solo tema y es el tema de la seguridad, porque es en donde mejor parado sale porque los índices de homicidios se redujeron de forma drástica, por el control de las extorsiones y el control del territorio por parte del Estado. La gran pregunta que se abre es. ¿Esto es sostenible en el tiempo? ¿Cómo se vas a sostener o cómo vas a lidiar con las casi 70.000 personas que has metido en la cárcel en los en los últimos 16 meses?

Luego, cuando uno revisa los indicadores económicos desde el 2019 que el presidente Bukele llegó a la presidencia hasta el 2022 con esta encuesta de hogares de propósitos múltiples -una encuesta hecha por el propio gobierno-, encontramos que la pobreza no solo no disminuyó, sino que se duplicó y esto implica que 55.000 familias más en El Salvador que no eran pobres en 2019, pasaron a engrosar las líneas de pobreza.

Cuando al gobierno se le piden explicaciones sobre esto, el presidente culpa primero "la pandemia" y dice... "bueno, pasamos por una situación de salud pública que obligó a cierres de negocios, etcétera y eso provocó desempleo y a la vez empujó a la gente de la pobreza" y luego dice, "bueno, el conflicto de Rusia con Ucrania también impacta en todo esto. No es una situación solo del Salvador y la gente". Pero hay una realidad económica que está golpeando a la gente y que en los sondeos de opinión pública se está recogiendo. Lo que no ocurre es que la gente culpe al gobierno por la incapacidad de impulsar políticas públicas, sino que la gente dice, "es un escenario internacional, todos los países están pasándola mal", entonces el gobierno tampoco tiene ahí dificultades a la hora de manejar este tema.

¿Cuál es la situación en términos de Derechos Humanos en El Salvador porque 70.000 personas presas en los últimos 16 meses están relatando denuncias de todo tipo, sobre todo a nivel internacional?

Un principio básico en materia de derecho es el principio de legalidad, es decir, que a ti si cometes un delito se te tiene que juzgar con la ley que está vigente, que ya están establecidas al momento de cometerse los hechos. En el caso de El Salvador, estamos pasando por un proceso de transformación del sistema penal. Por un lado, el análisis constitucional sobre la continuidad del régimen de excepción que suspende garantías como la libertad de asociación y de reunión, el derecho que tú tienes de que te informen por qué te están capturando y de que te presenten ante un juez a los 3 días. Todo eso está suspendido en El Salvador hoy día, pero hay una cosa también muy grave, el otro derecho que está suspendido es el artículo 24 de la Constitución, que tiene que ver con la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones. Ese es un derecho suspendido hoy día en El Salvador y con un gobierno en el que hay antecedentes de espionaje a periodistas y a opositores. No es muy difícil saber que mantener el régimen de excepción también va por esa línea. De controlar estos derechos o tenerlos limitados el mayor tiempo posible.

Eso, por un lado, luego las violaciones a derechos humanos desde las capturas mismas, porque la gran mayoría de estas capturas se han hecho sin orden judicial. Y luego, cuando los casos son judicializados, llevados ante un juez, los jueces que están resolviendo estos casos son jueces impuestos por el oficialismo.

Hace algunos meses después de un decreto se purgó al sistema judicial en El Salvador y se obligó al retiro de una gran cantidad de jueces. Muchos de los actuales jueces son ex fiscales, es decir, gente que por formación y por concepción del proceso penal quiere ver condenada a la gente. Esos son los que están llevando adelante estos casos.

Hay una serie de problemáticas ahí de falta de control institucional y de violación de garantías mínimas en el proceso. Todas estos hechos han sido recogidos en informes de organismos de Derechos Humanos, tanto de El Salvador como organismos internacionales, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido pronunciamientos en este sentido, pero el gobierno lo que hace es desacreditar a quienes dice "desde un despacho de afuera del país, quieren darnos órdenes y nosotros solo nosotros sabemos cómo estamos lidiando con este tema" y bueno, esa es la respuesta del Gobierno cuando se cuestiona en materia de Derechos Humanos.