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El viernes, el máximo tribunal de las Naciones Unidas tomará una decisión sobre la solicitud de Sudáfrica de tomar medidas cautelares contra la ofensiva que lleva a cabo Israel en la Franja de Gaza.
Sudáfrica acusa a Israel de estar violando la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio contra la población gazatí y busca que se detengan las hostilidades. Esta resolución constituirá la fase inicial del litigio presentado por Sudáfrica, y su importancia es innegable.
La ministra de Asuntos Exteriores sudafricana, Naledi Pandor, viajará a La Haya para representar a su país en el fallo del viernes. A pesar de la renuencia histórica de Israel a colaborar con tribunales internacionales, como firmante de la Convención para la Prevención de Genocidio, está obligado a enfrentar este caso y ha desplegado un equipo legal de alto nivel para defenderse.
Para que se dicten estas llamadas "medidas provisionales", el panel de 17 jueces debe determinar que el tribunal cuenta con jurisdicción en el asunto, que existe una disputa entre Sudáfrica e Israel respecto a la Convención sobre el Genocidio de 1948 y que hay una necesidad inmediata de implementar medidas de emergencia mientras el caso sigue su curso.
Los abogados sudafricanos argumentan que las acciones del Ejército israelí y las declaraciones de altos funcionarios evidencian la intención deliberada de Israel de cometer genocidio contra los palestinos en Gaza. Esta situación ha generado preocupación a nivel internacional.
Si el tribunal falla a favor de las solicitudes de Sudáfrica, Israel podría enfrentar la suspensión de las operaciones militares en Gaza, la garantía de que su Ejército no impulse nuevas operaciones, indemnizaciones y medios para la reconstrucción de lo destruido en la región, así como la responsabilidad de evitar la privación de acceso a alimentos y agua adecuados para la población de Gaza. Además, se espera que Israel se asegure de que las personas bajo su control no inciten públicamente y directamente al genocidio.
Israel advirtió que imponer medidas cautelares pondría fin a los intentos de rescatar a los rehenes y daría a Hamás espacio para preservar sus capacidades, lo que representaría un riesgo aún mayor para los israelíes.
El fallo podría sentar un precedente importante en el ámbito de la responsabilidad internacional de los Estados en situaciones de conflicto y genocidio. La CIJ desempeña un papel fundamental en la resolución de disputas entre naciones y en la promoción de la justicia a nivel global, y este caso es un ejemplo destacado de su labor en ese sentido.