El texto también sostiene que algunas de las personas beneficiadas habrían actuado bajo la influencia de campañas de manipulación política y mediática, incurriendo en acciones que afectaron la soberanía, la institucionalidad y la armonía social. No obstante, el Estado reiteró su obligación de asegurar condiciones de reclusión ajustadas a la legalidad, el respeto y la atención integral de las personas privadas de libertad, aun en medio de presiones externas y agresiones multilaterales contra el país.
Más de dos mil personas han sido liberadas
En este contexto, el Ministerio Público informó que, como parte de un proceso de revisión riguroso y ajustado a derecho, más de dos mil personas han sido liberadas por su vinculación con los hechos violentos posteriores a los comicios. La Fiscalía reiteró su compromiso con las garantías constitucionales y los derechos humanos, destacando que las excarcelaciones buscan equilibrar la aplicación de la justicia con la posibilidad de reintegración social.
Las autoridades recordaron que la ola de violencia dejó un saldo de 25 fallecidos y cientos de heridos. Al mismo tiempo, aclararon que las medidas no implican impunidad. Las investigaciones continúan respecto a los episodios más graves, que incluyen asesinatos, ataques a instituciones del Estado y agresiones contra veedores internacionales.
Según el fiscal general Tarek William Saab, estos hechos habrían sido ejecutados por estructuras organizadas conocidas como “Comanditos”, presuntamente vinculadas a sectores de la oposición extrema, con el objetivo de desestabilizar el país y desconocer los resultados electorales. Entre las víctimas se encuentran funcionarios de los cuerpos de seguridad, como los sargentos José Antonio Torrents y Jormen Martínez.
El Gobierno Bolivariano reafirmó que continuará actuando con responsabilidad y firmeza en defensa de la paz, la justicia social y la soberanía nacional.
