Concretamente, en abril de 2017 la Unvenu aceptó un cronograma de reducción progresiva de aranceles que se acordó con los emisores, en función del aumento de la venta con tarjetas para llevar el arancel de la tarjeta de débito a 0,85%.
El 31 de marzo AEBU emitió un comunicado en el cual alertó sobre «los daños que esta decisión empresarial provocará sobre un sector económico fundamental y sus trabajadores», una situación que «requiere la intervención del Poder Ejecutivo». También argumentó el sindicato que «los principios de libertad defendidos por el gobierno y toda la sociedad solo son plenos cuando todas las partes pueden ejercerlos. Finalmente AEBU concluyó que «esta decisión es absolutamente limitante de la libertad de los consumidores, y sus consecuencias negativas serán mucho más severas de extenderse al resto del país o a otras áreas de la actividad económica».
Cabe agregar que no es unánime el acatamiento de esta decisión de no aceptar tarjetas. Las reciben estaciones de servicio en los dos principales balnearios de Maldonado, Punta del Este y Piriápolis, y también en Pan de Azúcar y Gregorio Aznárez.