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Nuestra izquierda ante Venezuela

Por Leandro Grille.

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Caras y Caretas Diario

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Hemos creído mucho tiempo que la democracia liberal es un modelo de convivencia posible en todas partes y en todo momento. Como tal, y por sus virtudes intrínsecas en el respeto de las libertades individuales, se la ha elevado a la categoría de principio; deber ser de la autodeterminación, aspiración auténtica e irrenunciable de los pueblos y compromiso ético. Pero es mentira. La historia ha demostrado que es mentira. Los sistemas democráticos liberales puros no abundan y mucho menos acompañan la pretendida democracia política con justicia social y democracia económica. Venezuela es un caso de manual. Su carácter de enclave geoestratégico debido a la magnitud de sus reservas petroleras, gasíferas y minerales en pleno continente americano la han convertido en un objetivo político, económico y militar a lo largo y ancho del tiempo. Por lo tanto, su verdadera libertad de autodeterminarse ha estado siempre restringida por el interés nacional de la superpotencia que impera en esta parte del mundo: Estados Unidos. Nunca jamás Estados Unidos ha aceptado pacíficamente que un país dentro su órbita de influencia, con tales recursos naturales, construya un modelo de desarrollo que se aparte de sus intereses. Y nunca jamás lo permitirán, porque la clave de la preeminencia de su poder se encuentra justamente en la negación de esa posibilidad. Si Estados Unidos, en cuanto nación e imperio, permitiera alguna vez que un Estado soberano avanzara hacia una forma de organización política y arquitectura económica emancipada de su deseo, ese sería el final de su dominio imperial y el derrumbe de su modo de vida. Así las cosas, resulta plenamente comprensible que el arribo al gobierno de la mayor potencia petrolera continental de un proyecto político como el chavismo haya significado una afrenta para los intereses estadounidenses y una seria amenaza a conjurar sin ambages. Como consecuencia, siempre fue imposible, desde la misma concepción y origen, que un programa de independencia nacional y socialización de la renta de los recursos hidrocarburíferos pudiese prosperar en un país como Venezuela en un marco armónico de democracia liberal. No importa tanto el contenido detallado de la estrategia de Estados Unidos para recobrar el control de Venezuela. Lo que importa más en este momento es que es eso y no otra cosa el meollo de la disputa. Venezuela no se debate entre la preservación de la institucionalidad democrática o la deriva hacia el despotismo, no enfrenta la disyuntiva del hambre o la prosperidad, lo que subyace al conflicto venezolano es la posibilidad de consolidarse como una alternativa soberana o sucumbir a la categoría de neocolonia. Y como es eso lo que está en juego, no es esperable una resolución típicamente electoral, porque hasta ahora ningún Estado en la historia ha logrado sacudirse un imperio simplemente por el concurso de las urnas. Estas cosas, cuando la izquierda no bobeaba, se comprendían bien. Un propósito revolucionario más temprano o más tarde enfrenta una violencia impuesta así haya llegado a concretarse por medios democrático liberales. En otro tiempo el mecanismo de imposición de la voluntad de los sectores dominantes era, en última instancia, el poder represivo de las fuerzas armadas nacionales, alineadas con sus intereses, como sucedió en buena parte del continente en los años 70. En la actualidad los procedimientos son otros, pero el objetivo es invariable: destruir el proyecto díscolo política, cultural, social y económicamente. La Venezuela revolucionaria no despierta en nuestra izquierda, mayormente organizada en el Frente Amplio, la misma simpatía desde que no está Chávez. Mientras Chávez era admirado o, por lo menos, tolerado por su inusual capacidad política y oratoria, su sucesor legítimo y electo, Nicolás Maduro, no tiene la misma gracia ni sus condiciones de liderazgo y, para colmo de males, le ha tocado gobernar el país al mismo tiempo que la cotización internacional del petróleo, el recurso económico que representa 90% de las exportaciones venezolanas, se derrumbaba 70% desde los más de 110 dólares a menos de 30 dólares por barril en menos de dos años. Con una situación económica de la gravedad que supone un empobrecimiento nacional tan rápido e inesperado que debía añadirse a la muerte del padre de la revolución, la oposición adinerada de Venezuela en completa coordinación con el Departamento de Estado encontraron la oportunidad de asediar el proyecto político del chavismo, sumiendo a la ciudadanía en una situación desesperante. Los venezolanos no acusaron de empleo y bajos salarios, sino de desabastecimiento de los productos básicos, que además eran los productos con precios regulados y, simultáneamente, el encarecimiento de los productos en los mercados paralelos. En suma, donde el producto debía encontrarse a precio módico, simplemente no estaba. Y donde efectivamente estaba, el precio era astronómico. Fue la clase empresaria la que indujo la situación, acusando al gobierno de establecer una política equivocada por imponer precios que le parecían “por debajo del costo”, y el gobierno tardó en diseñar los Comités de Abastecimiento para desmontar la maquinaria de guerra económica que se había planteado. En el medio de la crisis impuesta por la guerra económica, se desarrollaron las elecciones parlamentarias que el chavismo perdió por 56% a 41% y no por 70% a 30% como sostienen los que necesitan mentir para afirmarse en sus argumentos. Sin embargo, esa elección, analizada más allá de los guarismos, marca que la oposición no captó prácticamente nada de los votos que perdió el chavismo entre la elección que llevó a Maduro a la presidencia y la elección de su derrota parlamentaria. Dos millones de chavistas no fueron a votar en diciembre de 2015 y la oposición apenas creció en 400.000 votos. Es por eso que la dirección política del gobierno venezolano estaba convencida de que podía recuperar su base social si mejoraba la situación económica. Porque sus votantes no se habían pasado al adversario, sino que se habían quedado en sus casas. Con los CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción) la situación de la gente, sobre todo la más humilde, que es la que más adhiere al proyecto revolucionario, mejoró. También aumentó casi 20 dólares el barril de petróleo. Sin embargo, lo que no cambió fue la presión internacional con el agregado de una disputa institucional salvaje entre la Asamblea Nacional, ahora gobernada por la oposición, y el resto de los poderes del Estado. Cuando la oposición tomó el control de la Asamblea Nacional en enero de 2016 pensaron que se llevaban puesto el gobierno en seis meses. Diseñaron una estrategia política para eso y les fue mal. El 14 de abril de 2016 decidieron activar ante el Consejo Nacional Electoral el procedimiento de revocación de mandato, pero lo hicieron tarde. Los plazos previstos en las normas que regulan el procedimiento de convocatoria a referendos revocatorios implican casi 300 días, por lo que no había alternativa para realizar ese revocatorio durante 2016, único momento en que la revocación, si se concretaba, terminaba con elecciones generales, porque si se aplicaba en 2017, entonces en caso de obtenerse la destitución de Maduro, debía asumir su vicepresidente. Este año, la oposición encontró en la decisión del Tribunal Supremo de Justicia –que subrogaba a la Asamblea Nacional en alguno de sus poderes, en tanto la Asamblea Nacional insistiera con integrar tres disputados sobre el cual pesaban impugnaciones y suspensión de la asignación de su banca– la oportunidad política para intentar dar el jaque mate al régimen en una salida de calle, como ya habían intentado en varias oportunidades, incluyendo una en 2014, que terminó con más de 40 muertos, apenas meses después de que el chavismo hubiese ganado las elecciones regionales por aplaste y sin ninguna justificación institucional. Pero la insurrección de la oposición, que rápidamente devino en una violencia imparable, sobre todo en algunos barrios residenciales, resultó en términos políticos internos un desastre para los opositores. Si en el ámbito internacional, los más de 100 muertos fueron atribuidos siempre a la represión del Estado, en el ámbito interno de Venezuela, el pueblo invisible, el que no atrae a los flashes, observó el peligroso carácter de clase de la violencia, sobre todo con la quema de muchachos por tener pinta de chavistas. Es decir, por tener aspecto humilde. Una insurrección tan larga no puede desarrollarse en la ciudad sin concitar la antipatía ciudadana. Las propias empresas de opinión pública dan cuenta del rechazo que producen las formas violentas de manifestación. Las llamadas guarimbas y los conocidos trancazos. Es probable que un pueblo aguante 50 años una guerrilla si está en el monte, pero no te soporta 100 días de insurrección urbana violenta, quema de hospitales, medios de transportes, estaciones de metro y, además, gente. Nicolás Maduro lo leyó y se jugó su última carta. La más audaz. Convocó una elección de constituyentes con la promesa de que sólo se alcanzaría la paz. Esa fue la consigna. Y eso fue lo que atrajo a la multitud cansada de tanta violencia. Eso fue lo que recuperó al chavismo. Por eso bajaron de los cerros. Votaron 8 millones de personas, aunque los CEO de la empresa que proporciona tecnología de votación lo quieran poner en duda y digan que fueron un millón menos. Su afirmación no es creíble, primero porque no manejan los datos electorales ni son los responsables del conteo. Pero, sobre todo, porque a partir de su éxito en Venezuela, crecieron hasta transformarse en la empresa de tecnología electoral más grande del mundo y, finalmente, fueron adquiridos por George Soros y accedieron al mercado electoral estadounidense. Estados Unidos es el mercado más apetecible del mundo, pero no trabaja con su enemigo. Así que Smartmatic eligió. Ha trascendido que el próximo sábado, en la reunión de cancilleres del Mercosur, Uruguay acompañará con su voto la aplicación del protocolo de Ushuaia contra Venezuela y, por tanto, se expulsará de forma más o menos definitiva a este país del bloque regional. En principio, el gobierno, que ha venido navegando en las aguas turbulentas de la presión, intentando evitar un paso de esta naturaleza, habría alcanzado la conclusión de que no tiene margen para resistir sin aislarse de un modo excesivamente peligroso para los intereses económicos y políticos del país. Pero es bueno que la izquierda reflexione sobre otros intereses que van más allá del intercambio comercial y la simpatía de Occidente. Todo el mundo sabe que, salvo a Uruguay, hay argumentos para aplicarle el protocolo a todos los países de la región. Brasil, en primer término. Que a esta altura es un escándalo político, civil y penal. Ninguno de esos países puede dar cátedra de derechos humanos ni sobre prisión o persecución política. Brasil es directamente un golpe de Estado cleptócrata. Por eso nuestra izquierda debe reflexionar más. Tomarse su tiempo. Tener calma. No hay que abandonar principios por lo que dicta la propaganda, los vecinos poderosos y la agenda impuesta por los medios. Hay que hacer el esfuerzo por resistir. Porque siempre será preferible ser un campo de lucha que una base de agresión.

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