Según el análisis de Bohoslavsky, la recesión que se viene y se espera peor que la que sucedió a la crisis de 2008 golpeará sobre todo a “grupos más vulnerables”, aquellos integrados por las personas que viven en asentamientos informales y las sin techo, les trabajadores informales, les agricultores sin tierra, las comunidades indígenas, los barrios pobres, les desplazados internos, les refugiados e inmigrantes, las personas discapacitadas, las personas mayores, les niñes, las mujeres víctimas de violencia y las personas detenidas y bajo custodia del Estado. A ellos, apuntó el documento, deben ir especialmente los esfuerzos humanitarios.
En el marco del panorama que sobrevendrá a la pandemia que puso en suspenso el devenir cotidiano del mundo, el académico propone que “el cumplimiento del derecho de la protección social no puede demorarse más”. De haber existido su aplicación plena “habría evitado las reacciones de pánico de los Estados” cuando la pandemia comenzó a hacer estragos.
Bohoslavsky plantea que los Estados deben “reconsiderar sus políticas fiscales para financiar políticas sociales y garantizar que la política monetaria sea coherente con ambas”. Es que, según su óptica, “financiar el déficit fiscal puede ser legítimo si esto garantiza el acceso a los derechos humanos básicos para la población”. Insiste el consultor independiente: “Los Estados deben llevar adelante una inversión masiva para disminuir las desigualdades y la pobreza, y no solo para rescatar a grandes corporaciones, bancos e inversores sin considerar los derechos humanos ni las condiciones sociales. Sabemos bien que esas empresas no compartirán estos recursos de manera inmediata ni espontánea con lo/as más necesitado/as”.
“Debería implementarse de inmediato una moratoria del pago de la deuda soberana para los países en desarrollo, países la mayoría de población pobre (para evitar futuros problemas de deuda) y los países que sufren una gran caída de sus economías por la pandemia”, postula en tanto que subraya “el alivio anunciado por el FMI para el pago de deuda de sus miembros más pobres”.
El modo en que la función social de la propiedad era percibida hace dos meses ha cambiado radicalmente. Hoy, con algunas dramáticas excepciones, todos los gobiernos despliegan esfuerzos por asegurar un ingreso mínimo a toda la población, nacionalizan clínicas privadas, otorgan moratorias de deuda, posponen desalojos, suspenden acuerdos de comercio internacional relativos a insumos médicos, establecen controles de capitales para estabilizar los mercados, y ponen en un cajón las recetas de ortodoxia monetaria que el FMI y otras instituciones han promocionado por décadas. Una asignatura pendiente en esta agenda de acción tiene relación con el consumo no regulado y la degradación de los recursos naturales: los Estados no deberían proporcionar subsidios, rescates, y otros beneficios de emergencia a sectores cuya existencia está en contradicción directa con el Acuerdo de París, incluido su objetivo de límite de 1,5 ºC, y no tienen ninguna posibilidad de transición.
