“La evidencia sugiere que en general se retorna a los niveles prepandemia”, dice el informe y agrega que “la permanencia de los factores estructurales asociados al delito y tráfico llevarían a pensar que la caída es temporal. De hecho, los datos más recientes parecen estar confirmando esta perspectiva”.
Otro factor que entienden importante a nivel político es “no centrar el relato policíaco en la inevitabilidad del crimen asociado al narcotráfico, en especial respecto de los homicidios”. Esta estrategia, en la que ha insistido en varias oportunidades el ministro del Interior, está “estrechamente vinculada con la imposibilidad de afectar la realidad en el corto plazo”; además “culpabiliza a la víctima y legitima el modus operandi de la actividad”.
“Es importante no construir un relato en el que el crimen asociado al narcotráfico sea una problemática segmentada y alejada de la sociedad”, afirman los investigadores y subrayan que esto tiene “una serie de consecuencias negativas”. Por un lado, provoca que se genere “una barrera para que las autoridades públicas indaguen sobre los elementos que dan soporte a la actividad del narcotráfico” y por otro lado “genera en la población una falsa sensación de seguridad”, porque se piensa que es “un problema en el que participan sólo aquellos que así lo desean; quienes no se involucren no tienen por qué temer”.
Sin embargo, advierten, la evidencia demuestra que los delitos asociados al narcotráfico “se van expandiendo y afectando a la sociedad en su conjunto”, aunque los “primeros afectados son los sectores más pobres, ya que la consecuencia más inmediata de una actividad narco que toma fuerza es la disputa territorial por zonas que sirvan de base de operaciones”. En resumen, aseguran que “el relato de que el narcotráfico es una actividad apartada de la sociedad conspira contra la búsqueda de soluciones”.
