Sostiene que se han seguido «lineamientos en desuso y desconociendo los cambios que se suscitaban en todo el mundo, el gobierno de la coalición optó por aplicar un ajuste fiscal, recortando salarios, pasividades y políticas públicas en medio de una crisis económica sin precedentes».
Advierte que no se advierte un modelo de desarrollo que «incluya a las grandes mayorías de nuestra población, ni se garantizan los recursos para hacerlo posible, ni los indicadores para verificarlo. Por el contrario, la única política clara y consistente es el recorte, a costas del deterioro de los servicios públicos y prestaciones, de los salarios y pasividades de los uruguayos y las uruguayas. Las medidas de reactivación económica y las políticas activas de empleo brillan por su ausencia».
«Ante un escenario económico adverso visualizamos un Estado que se retrae, desamparando a su población, fundamentalmente a los más vulnerables», subraya el documento.
Cuestionamientos
«Todas las políticas y organismos sufrieron un recorte en 2020. La excepción es el Ministerio de Salud Pública y es como resultado de sentencias judiciales sobre medicamentos de alto precio», señala el FA.
Detalla seguidamente algunos de los recortes:
- En vivienda hubo un recorte de 1.350 millones de pesos en términos reales respecto a 2019. No se ajustaron los fondos del Fondo Nacional de Vivienda de acuerdo a la Ley, aplicándose ilegalmente el recorte del Decreto 90/020 (que topeaba en un 85% la ejecución de las asignaciones presupuestales).
- El propio Plan Quinquenal de Vivienda asume que se terminará el período con 3.805 nuevas soluciones habitacionales menos que en el último gobierno del Frente Amplio.
- ASSE ha incrementado los usuarios que debe atender, pero no se le asignan refuerzos presupuestales.
INAU, con más niños y niñas para atender, tiene previsto un recorte de 20 millones de dólares en su presupuesto. No sabemos cuánto se le asignará de la partida para primera infancia.
- Hay asignaciones de nuevos fondos en cuatro partidas o 50 millones de dólares anuales para primera infancia.
Construcción de viviendas para asentamientos (recortando recursos de Colonización)
- 8 millones de dólares en políticas de empleo (solamente para 2022)
- 2 millones de dólares para los prestadores integrales de salud (solamente para 2022).
Tras la pandemia
Posteriormente detalla su visión para el país pospandemia, indicando:
- Las inversiones heredadas del último gobierno del Frente Amplio (UPM2 y diversos proyectos bajo la modalidad PPP) impidieron que la caída de la economía en 2020 fuese más abrupta y son pilares del magro crecimiento previsto para 2021
- No hay políticas de recapacitación
- No hay políticas de promoción el empleo
- No hay apuesta a la inversión pública, a adelantar obras de infraestructura que ayuden a reactivar la economía.
No se sabe cómo se van a financiar gastos permanentes que han sido imputados al Fondo covid
- En materia de educación el proyecto del Poder Ejecutivo no preveía ningún recurso, a pesar de que en la propia Rendición de Cuentas se informa que en primaria solamente el 50% de los alumnos de primaria participó activamente en las clases no presenciales. En secundaria la situación es peor y en los quintiles de menor nivel económico solamente el 28% siguió los cursos.
- No hay recursos previstos para la Universidad de la República, que tuvo un crecimiento del 12% en su matrícula.
No hay recursos para la Universidad Tecnológica, comprometiendo el final de carreras ya iniciadas.
- Se propone eliminar el programa Uruguay Trabaja, que ha tenido evaluaciones muy positivas y que atiende a una población que se será atendida con el programa Accesos que se propone crear.
Por todas estas razones el Frente Amplio no votó el proyecto bde Rendición de Cuentas y el lunes, en una conferencia en la Plaza Primero de Mayo explicará las razones ante la opinión pública.
Texto completo del análisis:
