Las condiciones debe ser padrón de usuarios inferior a los 100.000, que más del 20% de ese padrón no sean mayores de 65 años, que el incremento de usuarios no supere el 15% del padrón ya existente, entre otras ponderaciones como la cantidad de camas de cuidados moderados y de centros de terapia intensiva (CTI) respecto al número total de usuarios.
Respecto a los funcionarios, el artículo 4° indica que “los trabajadores de Casa de Galicia, “que se encontrarán en la historia laboral nominada al 31 de diciembre de 2021 y hayan registrado actividad con aportes en los últimos tres meses, se distribuirán entre los prestadores de asistencia integral de salud determinados por el Poder Ejecutivo en forma proporcional a la migración de usuarios”.
Acuerdo entre partidos
La discusión del proyecto, originalmente de un artículo y terminó en ocho, obligó a intensas reuniones entre los partidos, en las que incluso participó el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.
Finalmente, tras el acuerdo el senador del Partido Nacional Gustavo Penadés destacó que el proyecto “surge de una negociación muy importante que llevó el Poder Ejecutivo con las instituciones médicas, con el sindicato y con el sistema político”.
Por su parte, el senador del Frente Amplio y exministro de Salud Pública Daniel Olesker sostuvo que, aunque no se logró todo lo que el FA propuso igualmente había conformidad desde la oposición con el proyecto presentado.
Futuro del sanatorio
El proyecto aprobado establece también que el futuro del sanatorio de Casa de Galicia, en Millán y Molinos de Raffo, tendrá un destino para servicios médicos.
Se faculta a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) mantener el local o asociarse con privados para mantener el establecimiento en funciones.
Casa de Galicia tiene unos 3.000 funcionarios médicos y no médicos y unos 45.000 asociados.
