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El Instituto Nacional de Colonización (INC) le reclama al exintendente, Enrique Antía, la devolución de dos fracciones de campo.
A la hora de cierre de este informe, se desarrolla una audiencia judicial en Maldonado en la que el Instituto Nacional de Colonización (INC) le reclama al exintendente, Enrique Antía, la devolución de dos fracciones de campo, tal como lo ordenó recientemente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
La sentencia del TCA es de febrero de este año. Desde entonces el arrendatario se ha negado a cumplir con la decisión del máximo órgano jurídico en materia administrativa por lo que, según fuentes del INC, “se le considera un usurpador”. El organismo pretende que la Justicia civil ordene lo que, de acuerdo al artículo 396 del Código General del Proceso, se denomina “entrega de la cosa”. El demandado o ejecutado prácticamente no puede oponer excepciones.
Como lo informó Caras y Caretas, en los primeros días de octubre se conoció un falló del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), el cual, ante los incumplimientos de Antía en su calidad de colono, ordena que devuelva dos fracciones de campo a su titular, es decir, Colonización.
Anteriormente se había probado que el colono no residía en el campo, no lo trabajaba y tampoco lo explotaba, todas condiciones que se deben cumplir para acceder a una parcela de tierra.
Antía y su familia siempre vivieron en la ciudad de Maldonado. Tenían 6 peones laborando la tierra y las fracciones eran explotadas por una sociedad comercial integrada por el exintendente y el empresario de la construcción Daniel Chiacchio.
Según establece el TCA, una fracción de 83 ha. le fue adjudicada en 1981, plena dictadura, y otra de 23 ha. la recibió en 1985. Años después el INC corroboró que la sociedad Antía-Chiacchio era propietaria de otras 1.400 ha. en cercanías de las de Colonización, las que, según dice el TCA, “le fueron ocultadas al organismo”.
Desde el año 2019, cuando el INC resolvió rescindir el contrato de arrendamiento y reclamar la devolución de las parcelas, Antía interpuso todo tipo de recursos, incluso llegó a proponer un acuerdo extrajudicial que incluía la compra para mantener los campos.
Finalmente decidió recurrir al TCA y perdió.
Es por lo menos curioso que quien durante su gestión como intendente se encargara de correr a usurpadores de predios, generalmente gente en situación de extrema pobreza, termine él mismo convertido en un usurpador.
Hace una semana, el periodista Jorge Bonica informó que la señora Mary Nellys Bermolen, funcionaria de la Intendencia de Maldonado, había pasado en comisión al despacho del senador blanco Sergio Botana.
Podría ser un caso más a no ser por las particularidades de este. La señora Bermolen es la actual pareja de Antía. Originaria de Aiguá, en el año 2013 abrió una peluquería para mujeres en la ciudad de Maldonado. Desde entonces mantendría una relación afectiva con Antía.
El 10 de enero del año 2018, el entonces intendente firmó la resolución 00292/2018, por la cual se adjudicó en carácter de “comodato” por el plazo de dos años la vivienda individualizada con el n.º 11, sita en el padrón número 27.319, manzana M de Cañada Aparicio de la ciudad de Maldonado, a Mary Nellys Bermolen Muñoz”.
El decreto establece que “la Dirección General de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud remite las actuaciones para que se adjudique a la solicitante la vivienda que se indica, en razón de la situación de vulnerabilidad social constatada”.
Que la señora estuviera en estado de “vulnerabilidad social” es un argumento difícil de sostener, más cuando en su muro de Facebook publicaba fotos de sus viajes por el Caribe o videos conduciendo coches de alta gama (Mercedes Benz descapotable) o en importantes restaurantes puntaesteños.
El plazo de dos años de comodato por el que se le había otorgado la vivienda venció, y obviamente la señora no se encontraba en estado de “extrema vulnerabilidad social”. Pero la Intendencia no sólo no le reclamó la casa, sino que le adjudicó otra, pero esta vez a su hijo, con quien vive, según lo han informado vecinos del lugar.
La nueva propiedad se ubica en el complejo B75, ubicado en continuación avenida Aiguá, que la Agencia Nacional de Vivienda entregó a la Intendencia de Maldonado para su administración.
La situación es tan irregular que, si bien la propiedad no está a nombre de la señora, sí lo están los gastos comunes. Figura en la nómina que todos los meses reciben los vecinos del lugar.
Ocho años después de la primera adjudicación, realizada a partir de informes falsos, sigue en el mismo lugar a pesar de que el “comodato” era por dos años.
En el mismo tiempo la señora ingresó a la Intendencia para cumplir funciones en el Municipio de Punta del Este. De allí pasó a la Dirección de Higiene y ahora obtuvo el pase en comisión con Botana. También su hijo ingresó a la Intendencia a través de la Fundación A Ganar.
El 30 de diciembre del 2024, en una sesión extraordinaria, la Junta Departamental de Maldonado aprobó, solo con los votos de los ediles blancos, un fraccionamiento llamado Los Manantiales. Se trata de varios padrones que totalizan unas 89 hectáreas, de las cuales la tercera parte es zona de humedales, y por lo tanto no se puede construir. El loteo es propiedad de la empresa Claratown, sobre la cual no hay ninguna información. Pero los vecinos de la zona aseguran que antes de obtener los permisos ya vendían lotes a razón de 58.000 dólares.
El proyecto fue clasificado por el Ministerio de Ambiente como categoría B, y por esta razón hasta el próximo 15 de octubre fue puesto de manifiesto para que los ciudadanos puedan enviar sus observaciones, así como requerir informes ambientales y otros documentos.
El estudio de impacto ambiental, presentado por la empresa ante el Ministerio de Ambiente, establece que el desarrollo urbano propuesto “puede compatibilizarse con la conservación de los principales valores ambientales del área”. Y argumenta que “la adecuada gestión de las aguas pluviales y la aplicación de las medidas de prevención, mitigación y seguimiento previstas permiten mantener los impactos residuales dentro de niveles ambientalmente aceptables”.
Pero lo más curioso es que este informe fue realizado por la ingeniera María Antía, una de las tres hijas del exintendente.
Los financistas argentinos Federico Álvarez Castillo y Juan Ball se asociaron para construir sobre la playa de Manantiales el edificio “The Colette”, uno de los más caros y sofisticados de Punta del Este.
A solicitud de la Intendencia, la Junta Departamental les aprobó muy importantes excepciones como construir hasta 20 metros de altura en un lugar donde solo se permitían siete.
Para desarrollar la segunda etapa, una abogada argentina compró en un remate un terreno lindero por el que pagó 7 millones de dólares en nombre de la empresa compradora. Esta abogada es socia fundadora del estudio jurídico contable MMA, por las iniciales de sus socias: Monti, Maglione, y la A que corresponde a la contadora Pilar Antía, también hija del exintendente.
Este estudio gestiona y administra varios edificios de lujo que han obtenido importantes excepciones edilicias. Entre ellos: The Colette 1 y 2; una edificación en altura en La Barra, detrás del hotel Montoya; las Torres del Este 1 y 2; otro edificio en parada 6 de La Brava; otro cerca del shopping Atlántico y el shopping Paseo del Este, ubicado sobre ruta 39 y la perimetral.
Confesó públicamente que anotaba en una libreta los nombres de sus opositores y personas que no le simpatizan, se negó a dar información sobre sus actos de gobierno, practicó el nepotismo, falseó información entregada al TCR, traficó influencias, otorgó dádivas, toda su gestión se sostuvo en la proyección de su propia imagen y gastó millones de dólares en publicidad.
Gobernó Maldonado durante tres períodos, los últimos dos en forma consecutiva, logrando más votos que Domingo Burgueño. Y lo hizo como si fuera un patrón de estancia.
Se llama Enrique Antía, y ahora, si la Justicia determina que debe entregar 106 ha. a Colonización y continúa negándose, podría ser desalojado por la Policía.