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La firma del contrato entre la Intendencia de Paysandú encabezada por el nacionalista Nicolás Olivera y la fundación A Ganar sigue haciendo ruido en la oposición.
Hace 6 meses la Junta Departamental sanducera conformó una comisión investigadora sobre el contrato entre la comuna y la fundación, luego de que los ediles del Frente Amplio (FA) presentaran quejas sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de una licitación para gestionar los recursos humanos de ocho CAIF y un Centro Siempre.
El trabajo de la investigadora terminó la semana pasada y el FA realizó un informe en el que señaló que, “mal que le pese al oficialismo”, se “ha puesto al descubierto que con la contratación de la fundación A Ganar, el gobierno departamental de Paysandú ha cometido una serie de irregularidades que ameritan el pase de todas las actuaciones a la Justicia penal, al Banco de Previsión Social y a la Dirección General Impositiva”.
Desde el FA sostuvieron que queda “absolutamente claro” que el Ejecutivo departamental introdujo “un mecanismo de precarización del trabajador municipal, el que ya no es contratado en función pública ni como eventual sino como trabajador” de una fundación que suministra servicios a la intendencia, “ahorrándose” un conjunto “de aportes a la seguridad social de trascendencia”. “Pero lo que es peor, sometiendo a estos trabajadores a un régimen de absoluta precarización, de contratos basura, de inestabilidad laboral permanente, todo lo cual ha significado para estos sanduceros un profundo cambio regresivo en sus condiciones de vida y de estabilidad laboral e incluso emocional”, agregaron.
Además destacaron que “en medio de todas estas incógnitas”, el 9 de junio el Tribunal de Cuentas se pronunció sobre la contratación y resolvió en mayoría observar el gasto. Entre otras cosas, de acuerdo al monto de la erogación estimada por concepto de salarios, “debió tramitarse como licitación pública y darse cumplimiento a todas las normas inherentes a dicho procedimiento”, señalaron desde el FA.
“Lo dijimos y lo reiteramos aquí: la contratación de la fundación A Ganar es completamente irregular, violatoria del orden jurídico y, como también sostuvimos, sólo se persiguió con ello evadir a un órgano del Estado”, agregaron los ediles en el informe. Por lo tanto, el FA estima que “existen méritos para formular una denuncia penal, en cuyo marco se investigue en profundidad las relaciones de todos los participantes”.