Si recordamos la última campaña electoral, el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, difundió una propuesta a tono con lo que está por suceder: “Si nos toca gobernar, vamos a convocar a los ex presidentes, que entre otras cosas les pagamos la jubilación”, dijo Lacalle Pou en agosto de 2014, parado en los pedales porque los grandes medios y los analistas de todo pelo y color decían que el vástago de Luis Alberto era la última maravilla sobre la Tierra. Para agregar una definición humillante: “Viene a ser, y que nadie se moleste, una especie de consejo de ancianos”. Fue tan despectivo con los viejos que, en mi humilde opinión, con aquella boutade terminó de sellar su suerte en nuestro país, donde los ancianos son mayoría absoluta, aunque en aquel momento los “sordo-gonzález” de nuestra zoología no fueran capaces de detectar la profunda desconexión de Lacalle Pou y el uruguayo medio –si es que tal cosa existe– y no dudaran en festejar su ocurrencia, como antes le habían festejado su proeza gimnástica en un caño.
Si recorremos todavía más hacia atrás el camino del tiempo, hasta el terrible 2002, annus horribilis telúrico, recordaremos que Jorge Batlle no tuvo más remedio que convocar una cumbre de los líderes políticos para intentar cierta gobernabilidad para campear la gigantesca crisis económica a la que condujeron a Uruguay los sucesivos gobiernos de los partidos tradicionales. Hasta ahí los antecedentes. Como se ve, estas cumbres no son frecuentes ni suelen ser por especulaciones. Batlle no citó a los líderes cuando se veía venir la crisis, no. Hasta que no vio a De la Rúa fugarse en un helicóptero dejando un tendal de muertos en las avenidas, ni siquiera se le ocurría consultar a Tabaré por medidas, aun cuando tuvieran consecuencias en plazos muy superiores a un período de gobierno.
En este caso Tabaré no cita a los ex presidentes porque precise de las bancadas opositoras ni porque esté en riesgo la gobernabilidad. Ni la suya ni la del Frente Amplio. En Uruguay, además, no hay crisis. Lo más probable es que los esté convocando porque quiere trasmitir de primera mano una novedad que será un cimbronazo para nuestro país, y sobre la cual ya cuenta, seguramente, con bastante más que indicios. La confirmación de la existencia de yacimientos rentables de petróleo es una noticia que cambiará la vida de los uruguayos y el estatus de nuestro país, no sólo desde el punto de vista económico –aunque el precio internacional del petróleo se ha desplomado en los últimos 15 meses–, sino desde el punto de vista geopolítico. Pasaremos a integrar el selecto grupo de países que cuentan con crudo en su plataforma y el todavía más selecto grupo de los que cuentan con petróleo y agua dulce dos de los recursos más codiciados del planeta.
Una noticia casi confirmatoria de que tenemos petróleo es que esta semana la empresa noruega Statoil compró 15% de participación en las exploraciones, sumándose a Exxon, que posee 35%, y a la francesa Total, que cuenta con el restante 50% del capital accionario. Este interés de Statoil en las perforaciones que comienzan en marzo está indicando que en el mundo de las petroleras más que sospechas hay certezas de que hay petróleo en Uruguay, y entre todos los modelos de explotación el noruego es de los más interesantes para nuestro país, dado que en su legislación, aun cuando se admite licitar las perforaciones, se asegura el patrimonio estatal de los recursos hidrocarburíferos, algo que debemos asegurar.
Es que la confirmación de la existencia de reservas petrolíferas, además del innumerable conjunto de posibilidades que abre, también traerá aparejado riesgos grandes, y nos convertirá en un plazo breve en algo más que un pequeño país sereno y civilizado, tranquilo y democrático, digno de la alabanza poética y de la indiferencia política. Un hecho reciente y cercano es elocuente: cuando el estado brasileño descubrió los yacimientos petrolíferos de la capa que los geólogos llaman “pré-sal”, frente a la costa brasileña de los estados de Santa Catarina y Espiritu Santo fundamentalmente, lo primero que hizo Estados Unidos fue reactivar la IV Flota que “atiende” militarmente a América Latina, con sede en Maryland. Eso fue en 2008, y transcurridos más de siete años, ya se sabe que estas reservas son gigantescas –casi cien mil millones de barriles– y que la gran profundidad de los yacimientos no es un impedimento para su explotación rentable. Petrobras desarrolló la tecnología para extraer el crudo descubierto –de muy alta calidad– y a un costo competitivo, pese a los científicos de los países centrales que decían que eso era imposible y que iba a tener un costo altísimo para el ecosistema. Con ese hallazgo Brasil pasó a integrar el grupo de las principales potencias petroleras, con un crecimiento importantísimo de su producción diaria de petróleo, pero con los años la campaña de las corporaciones, los medios y –naturalmente– la mano negra de los dueños del mundo (por ejemplo, Estados Unidos a través de sus agencias de Seguridad Nacional) han intentado hacer estragos con la reputación de Petrobras y, por cierto, con los gobiernos del PT, que fueron quienes lo descubrieron y quienes tuvieron la voluntad política de hacer redituable el hallazgo. Casi toda la campaña política contra el PT se ha centrado en los escándalos de “Petrobras”. Dilma ha logrado blindar el Pré-Sal, y hace pocos días el presidente del Sindicato de Petroleros de Brasil, Francisco Soriano, en una entrevista concedida a Página 12, afirmaba que aunque siga toda la campaña, “no van a poder privatizar” Petrobras, ni quedarse con el Pré-Sal, que es el objetivo. Tampoco creen los trabajadores petroleros que puedan revertir la ley del petróleo que elaboró Dilma como ministra de Lula, que impide que las empresas internacionales se queden y administren los recursos descubiertos. De hecho, el petróleo extraído del Pré-Sal alcanzó con Dilma el récord de 540.000 barriles diarios, a 8 años de ser descubierto, y gracias a la legislación actual la enorme mayoría de los recursos derivados de su comercialización son estatales y se han utilizado para reactivar la industria nacional (por ejemplo, la naviera que hoy tiene casi 80.000 trabajadores) y otros grandes emprendimientos del Estado.
Todo eso va a estar en juego si Uruguay confirma la existencia de yacimientos petroleros en nuestro mar territorial, con la enorme ventaja de que ya está desarrollada la tecnología para extraerlo, incluso de mucha profundidad. Todo eso va a estar en juego en poco tiempo y para todo eso va a ser fundamental una Ancap fuerte, prestigiosa y estatal. Si en los próximos meses amanecemos un día con la noticia de que tenemos miles de millones de barriles enterrados bajo nuestras aguas, no sólo habrá que juzgar las últimas gestiones frenteamplistas de Ancap con una generosidad distinta a la que se ha ostentado, sino que la izquierda deberá prepararse para defender ese recurso de la voracidad de propios y extraños. Porque va a traer cola.
*
Statoil
Statoil es una compañía internacional de energía con operaciones en 36 países.
Ostenta más de 40 años de experiencia en la producción de petróleo y gas en la plataforma continental noruega. Según se puede leer en su sitio web, “busca explorar las necesidades energéticas globales de una manera responsable con aplicaciones tecnológicas que creen soluciones de negocio innovadoras”.
La casa matriz de la empresa está en la ciudad de Stavanger, Noruega. Tiene una plantilla de aproximadamente 22.000 empleados en todo el mundo y sus acciones se cotizan en las bolsas de Nueva York y Oslo.
Tiene presencia comercial en Angola, Australia, Azerbaiyán, Bahamas, Bélgica, Brasil, China, Colombia, Dinamarca, Alemania, Tierra Verde, India, Indonesia, Irlanda, Libia, Mozambique, Myanmar, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Estados Unidos, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Surinam, Tanzania, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Venezuela y ahora en Uruguay.
