La nueva ley facilita las expulsiones administrativas de los migrantes que ingresen a Chile de forma ilegal, por pasos clandestinos, sin cumplir la leyes, ni tampoco validar sus antecedentes penales.
“El segundo objetivo de la ley es crear una nueva institucionalidad a través del Servicio Nacional de Migraciones, y sus direcciones regionales, que contará con procedimientos y tecnología moderna que van a permitir al Estado una atención que permita promover los derechos y las oportunidades de los migrantes, pero también exigir sus deberes y obligaciones”, detalló.
La nueva normativa permite que “los extranjeros que quieran llegar a Chile lo hagan diciendo la verdad respecto de sus intenciones y evitando engaños y abusos. Aquellos que quieren venir a radicarse en Chile, deben pedir sus visas en nuestros consulados antes de viajar a Chile”, detalló el Presidente Piñera.
“Si estas peticiones son autorizadas, podrán llegar a Chile con cédula de identidad y su Rut vigente desde el primer día y, por consecuencia, tener protección frente a abusos”, enfatizó.
Críticas a la nueva ley
En la actualidad, según detalles entregados durante 2019 por el Departamento de Extranjería y Migración y el Instituto Nacional de Estadísticas INE, hay cerca de 1,5 millón de personas extranjeras residentes en Chile, un 7 por ciento de la población total. La lista está liderada por venezolanos, peruanos, haitianos y colombianos.
Desde diversos sectores, incluidas algunas agrupaciones de migrantes en Chile, se reflotaron algunas críticas en torno a la ley. Eduardo Cardoza, secretario ejecutivo del Movimiento Acción Migrante, señaló que la normativa se fundó a partir de una premisa segregadora, en la que se generan condiciones diferenciadas para los migrantes respecto de, por ejemplo, temas previsionales, entre otros.
“Se han hecho bastantes señalizaciones sobre cómo se abordan los derechos del niño, es decir, hay una dimensión enorme que es de una continuidad respecto del enfoque de seguridad nacional que tenía el decreto de ley de Pinochet. En ese sentido, está un poco dentro de la óptica general que hemos visto sobre cómo se conciben los derechos humanos”, dijo el dirigente.
“La ley tiene otro inconveniente enorme que va a generar una cantidad de dificultades y es que a partir de la promulgación la ley da un plazo de tres meses a las personas que están irregulares en el país para irse, no para regularizarse. En algún momento, el Gobierno llegó a decir que esas personas que se van pueden hacer el trámite en algún consulado y luego volver a entrar, como si hacer los trámites en un consulado se hiciera en dos días. Lo otro que es crítico es que no va a haber posibilidad de regular de manera constante como lo indican todas las políticas migratorias de la región”, criticó Cardoza.
