Agregan que “reduce la participación ciudadana y la transforma en un acto delictivo» y «potencia lo punitivo y lo represivo como principal acción de seguridad pública, ejerciendo presión sobre el sistema carcelario, hoy en día desbordado».
Más adelante indican que la Ley de Urgente Consideración “profundiza la pobreza, exclusión, falta de oportunidades y aumenta el desarraigo territorial, el riesgo ambiental, así como la discriminación racial, social, cultural y religiosa».
Uno de los aspectos que más cuestionan de la LUC refiere al artículo 470 que “institucionaliza el concepto de ‘Apariencia Delictiva’, exponiendo a las personas a ser víctimas de estereotipos y prejuicios siendo un vinculante jurídico con la delincuencia y el porte de cara”.
Precisan que “habilita criterios subjetivos para la actuación de las fuerzas de seguridad sin lógica de las leyes garantes de paz social y confianza en las instituciones y sus representantes”.
De esta manera “reduce la participación ciudadana, los derechos de expresión colectiva, y lo transforma en un acto colectivo; criminaliza la protesta social, vulnera el derecho a manifestar libremente y restringe el derecho «a hacer» en la calidad de trabajadores; precariza el derecho a la vivienda al acelerar procesos de desalojos y lanzamientos y agudiza la pobreza de quienes tienen ingresos bajos y vínculos los laborales frágiles».
