Se afirma que este escenario con las consecuencias de la crisis económica internacional y el aumento de los conflictos armados, que están llevando a muchos gobiernos a aplicar ajustes fiscales y recortes presupuestales en áreas sensibles como salud, cuidados y protección social. Para MYSU, estas decisiones impactan de manera desproporcionada sobre las mujeres y los sectores más vulnerables, profundizando desigualdades ya existentes.
En este contexto, la organización plantea que Uruguay enfrenta una oportunidad política relevante. Destaca que el actual gobierno ha colocado entre sus prioridades la atención de las urgencias sociales y la reducción de desigualdades, lo que podría abrir una ventana para fortalecer políticas públicas integrales con perspectiva de género y derechos. Sin embargo, advierte que los avances logrados en las últimas décadas continúan siendo insuficientes y vulnerables frente a intentos de retroceso político y cultural.
Uno de los puntos más relevantes del pronunciamiento es la reflexión sobre la baja fecundidad y las políticas de población. MYSU sostiene que este debate no puede abordarse desde miradas meramente demográficas o economicistas, ni desde perspectivas que reduzcan nuevamente a las mujeres a funciones reproductivas. Por el contrario, plantea que la discusión debe incorporar factores estructurales como desigualdad de género, dificultades de acceso a vivienda, empleo, autonomía económica y la crisis de los cuidados.
La organización reivindica además el cambio de paradigma impulsado a partir de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo en 1994, que colocó a las personas y sus derechos en el centro del desarrollo. Desde esa perspectiva, sostiene que las respuestas del Estado deben construirse desde modelos de inclusión, igualdad y fortalecimiento de derechos, avanzando hacia una “sociedad del cuidado” que supere lógicas individualistas, meritocráticas y excluyentes.
MYSU convoca a renovar el compromiso colectivo con una agenda democrática basada en derechos humanos, igualdad y justicia social. En un contexto global atravesado por incertidumbre, polarización y conflictos, la organización plantea que defender la salud sexual y reproductiva, la autonomía y la igualdad de género no es únicamente una reivindicación sectorial, sino una defensa más amplia de la democracia, la convivencia y las condiciones de vida digna para las grandes mayorías.
