El punto central de la preocupación sindical radica en la implementación de la plataforma de interoperabilidad propuesta por la ley. Dicho mecanismo permitirá el intercambio de bases de datos en todo el sistema bancario bajo un esquema de consentimiento informado del cliente. Frente a esta apertura, AEBU subrayó que el Banco Central del Uruguay (BCU) y el Banco República (BROU) asumirán un rol crítico de contralor sobre todo el Banco Central y el Banco República estarán implicados por "la gobernanza de los datos y la protección de los usuarios", enfatizó la dirigente.
Para el colectivo bancario, la integración tecnológica entre instituciones no puede concretarse a expensas de la ciberseguridad ni del resguardo de la información sensible de los ciudadanos. En esa línea, Estoup argumentó que "todo esto tiene que tener las suficientes garantías para que el sistema financiero siga siendo confiable, robusto, transparente y justo para todos".
El intercambio con los legisladores fue catalogado como altamente receptivo por parte de la delegación, cuyos asesores jurídicos y económicos respondieron las inquietudes de los diputados sobre el impacto real de la norma. De cara a las próximas etapas del trámite parlamentario y su posterior reglamentación, la presidenta del gremio concluyó: "Continuaremos siguiendo el transcurso de esta ley y trataremos de participar en todos los ámbitos que se nos convoque, en la medida que se vaya regulando e incorporando a todos los actores del sistema financiero".
