El Consejo central señala que aunque no esté cuantificada la pérdida -se habla de entre U$S 50 y 400 millones-, el daño para la ANV “sería imponente”.
Frente a ello reafirma la “defensa irrestricta de la ANV y muy especialmente de su rol para brindar acceso y permanencia en la vivienda a todos los uruguayos”.
Sostiene que “es responsabilidad absoluta de los directores —elegidos políticamente— preservar y gestionar los organismos públicos, algo que en el caso de la ANV no ha sido asumido con la responsabilidad requerida. Muy especialmente porque, como representantes del Gobierno y de las mayorías que aprobaron la LUC, debieron asesorar, advertir y prevenir en materia legislativa sobre los impactos que la norma tendría sobre el organismo”.
Como sindicato afirma estar “en conocimiento de que las máximas autoridades de la ANV dieron vistas a los informes jurídicos que advertían de la situación planteada, sin que se asumieran las medidas urgentes e imprescindibles exigidas por ese contexto”.
Por estas razones el sindicato bancario rechaza “cualquier intento de los integrantes del directorio de la ANV de desvirtuar el incumplimiento de sus responsabilidades con el traslado de estas a los trabajadores del organismo”.
“Respaldaremos toda investigación administrativa y/o parlamentaria que determine claramente las competencias de directores y jerarcas, sobre la base de que se asuman también las consecuencias políticas”, subraya.
Finalmente reafirma su “defensa plena de los trabajadores de la Agencia Nacional de Vivienda, de sus puestos de trabajo y de su idoneidad e integridad, hoy puesta en riesgo por las expresiones y actuaciones de la mayoría del directorio”.
