La directora subrayó que el problema no se limita a Rivera, sino que se extiende a otros puntos del país. En su intervención, Argenzio mencionó la existencia de un sistema de protección que ha retrocedido considerablemente, con un aumento del 21% en la población de menores en protección entre 2020 y 2023, alcanzando más de 8.000 niñas, niños y adolescentes. Este incremento incluye casos de menores que ingresaron al sistema por razones de pobreza, una situación que evidencia la pérdida de capacidad de cuidado por parte de las familias debido a las difíciles circunstancias económicas.
Embarazo adolescente
Argenzio también hizo hincapié en la necesidad de retomar estrategias interinstitucionales que en el pasado demostraron ser efectivas para reducir el embarazo adolescente y detectar situaciones de riesgo. "El embarazo adolescente, el embarazo infantil en Uruguay, por aquella estrategia interinstitucional que se hizo en el período anterior, bajó muchísimo. Se impulsó también la estrategia de notificación para que no se escape ninguna situación de riesgo y poder acompañar a las menores", explicó.
Sin embargo, la realidad actual muestra un sistema de protección que no cumple con su función, con situaciones de hacinamiento y menores que continúan siendo sometidos a circuitos de violencia y explotación. Argenzio llamó a la acción urgente y coordinada de todas las instancias del Estado para revertir esta crisis y garantizar un entorno seguro y protector para los menores más vulnerables del país.
