“Creemos que se trata (el endeudamiento) de un problema mayúsculo y que hay que buscarle una solución”, agregó seguidamente.
Indicó que hay “un millón de personas en el Clearing” y que una parte importante se encuentra en categoría dos del Banco Central, o sea impedidas de acceder a cualquier forma de crédito.
El proyecto incluye la modificación del Artículo 52 de la Constitución de la República, que prohíbe la usura y que quedaría redactado de la siguiente manera: “Prohíbese la usura. Es de orden público la ley que señale límite máximo al interés de las obligaciones, la cual deberá ser aprobada con el voto de los dos tercios del total de componentes de cada una de las Cámaras. La ley determinará el interés máximo permitido por todo concepto, incluido tasas de interés compensatorio y moratorio, comisiones, reajustes y cualquier otro gasto adicional. Ello se aplicará a todo tipo de obligaciones, incluidas las correspondientes al pago de facilidades o infracciones exigibles por el Estado, entes autónomos, servicios descentralizados, gobiernos departamentales, personas públicas de derecho privado y organismos paraestatales. La ley no podrá delegar a ninguna autoridad la determinación del interés máximo referido anteriormente. La ley determinará la pena a aplicarse a los contraventores. Nadie podrá ser privado de su libertad por deudas”.
Asimismo establece en 30% el tope anual de las tasas de interés, y fija la fecha de entrada en vigencia de la reforma, la que sería a partir del 1º de enero de 2025.
Además establece que las deudas contraídas antes del 18 de julio de 2023 "podrán ser canceladas por el deudor mediante el pago del monto incialmente convenido , convertido a Unidades Indexadas al valor de la fecha de otorgamiento del contrato".
Las disposiciones comprenden a cualquier persona que "tenga un total de adeudos por un monto originario no superior a UI 200.000 (Unidades Indexadas)".
Cabildo anunció hace dos semanas su intención de recoger firmas para plebiscitar su proyecto lo que se haría, en caso de obtener las rubricas necesarias, en simultáneo con las elecciones nacionales de octubre de 2024.
Respecto al proyecto que el Partido Nacional presentó para resolver el tema de los deudores, Manini lo consideró como inviable.
