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El senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Charles Carrera, presentó un recurso para revocar la comisión investigadora en su contra. La presidencia del Senado tiene 150 días para responder el recurso.
En el documento de 20 páginas, el legislador frenteamplista sostiene que existen “distintos elementos objetivos” del caso que indican que se trata de una “persecución política encabezada por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y secundada por quienes promovieron la conformación de esta comisión investigadora”.
La comisión, que fue votada el martes sólo con votos del oficialismo, parte de una denuncia de 2012, cuando Carrera, por entonces director general del MI, habilitó a atenderse en el Hospital Policial a un hombre que quedó parapléjico a raíz de una bala perdida, que presuntamente provenía de una fiesta que se celebraba en la casa del subcomisario de La Paloma.
En el recurso presentado, el senador puntualizó que los antecedentes que llevaron a la conformación de la investigadora comienzan con una denuncia “realizada por un medio de prensa manifestando una serie de hechos -públicos y notorios- ocurridos hace diez años”. En paralelo, el MI presentó una denuncia penal contra el senador.
Carrera señaló que los hechos que se denuncian “nunca fueron ocultados”, “son públicos y notorios y no admiten dos interpretaciones”, porque “el Ministerio del Interior ya estaba en conocimiento de estos hechos desde el momento mismo en que ocurrieron, porque nunca se ocultó. Además, esta situación ya estaba judicializada en el ámbito de la Justicia Civil y Penal”.
El legislador señaló que la investigadora “repite el objeto de actuación de lo denunciado penalmente” por el ministro del Interior, lo que “demuestra” que no se busca “llegar a la verdad sino continuar la campaña de hostigamiento y además ejercer una presión indebida contra la Justicia”. Por estos motivos es que el Frente Amplio decidió no participar en la investigadora, acotó.
En suma, Carrera entiende que “se trata de una medida de represalia manifiesta y por tanto un acto totalmente arbitrario que debe ser revocado por su desajuste flagrante al Estado de derecho”.
El documento se presentó ante la Presidencia del Senado, que tiene un plazo de 150 días para resolver. Si no se hace lugar al recurso, la normativa prevé la posibilidad de que el senador presente una demanda ambulatoria ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.