La estrategia de Trump de usar la economía como palanca ("si no contienen el flujo, subimos los aranceles") ha demostrado ser eficaz en el corto plazo, pero erosiona la confianza regional.
Le siguen Costa Rica (con compromisos de hasta 25 personas por semana) y Honduras (varios cientos proyectados en dos años), además de Guatemala y El Salvador. Tengamos en cuenta que las remesas representan más del 20 % del PIB en estos últimos países, una deportación masiva implica la pérdida de ese flujo de divisas y el ingreso de cientos de personas a mercados laborales que ya son incapaces de absorber a la población activa local. Es la receta perfecta para la explosión social. El Gobierno de Trump, sin embargo, parece ignorar o quizás subestimar este efecto colateral. En África, Ruanda pactó recibir hasta 250 personas, mientras que el Reino de Esuatini ya registró la llegada de expulsados. También se concretaron expulsiones efectivas sin acuerdo formal en Sudán del Sur que recibió a ocho deportados procedentes de Cuba y en Europa, Kosovo se sumó a la lista de naciones receptoras dentro de este entramado.
¿Qué pasa con Cuba y sus deportados?
Un informe publicado en mayo de 2026 por Human Rights Watch (HRW) revela que los cubanos pasaron a ser la nacionalidad más impactada por las expulsiones y destaca que más de 4.300 cubanos, muchos de ellos residentes de larga data en EEUU, ancianos o con condiciones de salud crónicas, fueron enviados a ciudades del sur de México sin documentos, recursos ni garantías de debido proceso para impugnar su remoción.
Cuba, por su parte, siempre ha estado abierta a asimilar devoluciones, desde 2017, casi 50.000 cubanos han sido devueltos a la Isla. El Ministerio del Interior (MININT) solo en los primeros meses de 2026, reportó la llegada de más de 740 migrantes devueltos desde distintos países de la región, en su mayoría desde EEUU. Pero esta situación hay que mirarla mucho más allá de las presiones migratorias actuales.
Entre ambos países existe un conjunto de pactos históricos que Washington debería honrar en su totalidad. El reclamo diplomático de la aguerrida nación se centra en que la parte estadounidense genera un estancamiento deliberado e incumple sus obligaciones esenciales. La principal exigencia de La Habana radica en la entrega completa de las 20.000 visas anuales estipuladas en los acuerdos, señalando que el cierre o recorte de los canales legales de visado ha presionado de manera artificial las vías irregulares durante años. Paralelamente, el Gobierno identifica a la Ley de Ajuste Cubano como el obstáculo estructural más severo para la normalización del flujo migratorio, denunciándola como una herramienta de manipulación política que premia e incentiva la emigración ilegal.
Bajo esta perspectiva, Cuba exige que Washington deje de instrumentar medidas unilaterales que estimulan las salidas de la isla para luego criminalizar a los propios migrantes, reclamando el retorno a una gestión migratoria genuinamente regular, segura y ordenada.
En junio de 2025, Johana Tablada, entonces subdirectora general de la dirección de EEUU del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, denunció que la Administración Trump había tomado al menos 14 medidas contra Cuba y que suspendía las conversaciones migratorias bilaterales. A pesar de ello, reafirmó que Cuba sigue "respetando los acuerdos" y "protegiendo su frontera" para evitar salidas ilegales.
Tensión política por posible acuerdo con EEUU para recibir deportados en Uruguay
En la última semana trascendió que Uruguay mantiene un "diálogo abierto" con el Gobierno de EEUU sobre la posibilidad de recibir migrantes deportados de distintas nacionalidades, entre ellas cubana, aunque "no hay ningún acuerdo cerrado". "Hay un diálogo sobre ese tema desde hace muchos meses, pero aún no hay nada concreto. Son las mismas conversaciones que mantiene Estados Unidos con muchos países de América Latina y el Caribe, con algunos de los cuales ha llegado a acuerdos", confirmó a Caras y Caretas una fuente de la Cancillería.
El diario estadounidense The New York Times ya había informado que el Gobierno de Donald Trump analizaba deportar a Uruguay a ciudadanos que permanecen en situación migratoria irregular en el país. De acuerdo con lo indicado por la fuente de Cancillería, el diálogo con EEUU sobre este tema se viene llevando a cabo desde "hace más de un año". El periódico informó que un eventual acuerdo bilateral podría no mencionar explícitamente a los ciudadanos cubanos, aunque este sería el principal grupo alcanzado por las deportaciones.
El tema ganó gran repercusión en pocos días, y colocó al Frente Amplio en una posición de firme rechazo ante un eventual acuerdo que implique acompañar la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump. El presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, afirmó que el Frente Amplio trasladó a la Cancillería su postura histórica en defensa de los derechos humanos y la no injerencia, y dejó en claro que el objetivo es evitar que las conversaciones abiertas con Washington desemboquen en un acuerdo. "Nosotros siempre hemos sido un país de puertas abiertas, pero una cosa es recibir gente que quiera venir a Uruguay y otra muy distinta es que deporten gente que no está queriendo salir de su lugar ni venir a Uruguay", señaló.
El exvicecanciller y exembajador en Cuba, Ariel Bergamino, consideró que las conversaciones entre el gobierno uruguayo y Estados Unidos sobre la posibilidad de recibir personas deportadas deben abordarse con mayor transparencia y definición política. Por otro lado, sumó la dimensión diplomática de la relación bilateral con Estados Unidos, que definió como particularmente compleja. "La relación con Estados Unidos nunca es una relación sencilla, y menos aún con esta administración tan agresiva, tan impredecible, tan cambiante", expresó.
Por su parte, el Dr. Ismael Blanco, abogado, dirigente de Nuevo Espacio e integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, reflexionó un poco más allá del hecho y se refirió a la política internacional del gobierno. “En esta situación, realmente creo que hay una continuidad en materia internacional y una radicalidad más hacia la derecha. Esta nueva propuesta de Marco Rubio de deportar cubanos que están en Estados Unidos para Uruguay es denigrante e indigna... Si Estados Unidos o el régimen de Trump considera deportar a los "indeseables", por decirlo de alguna manera —sean cubanos, haitianos o colombianos—, y nosotros decimos "sí, lo estamos analizando" e inventamos determinados eufemismos como "vamos posiblemente a reunificar familias para que no los manden a África", es tomar un camino equivocado.
El senador del Partido Socialista Gustavo González también en declaraciones a Caras y Caretas consideró que recibir deportados sería “un mal paso”. “Me enteré por la prensa, no tengo ningún mensaje oficial”, cuestionó González, y apuntó contra el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio: “Lo tomo mal porque todo lo que venga de Marco Rubio hay que leerlo 100 veces. Es un hombre beligerante que apuesta a la guerra y a la represión. Y, además, detrás de esto está la ICE, que es el organismo de Estados Unidos que se encarga de los migrantes y que generó la mayor represión de los últimos 20 años con muertos incluidos... Nuestro país debe tener, a mi juicio, las fronteras abiertas para todos los que quieran venir. Otra cosa es el deportado. El deportado no viene porque quiere, viene porque lo mandan”, agregó.
Rechazo categórico a la subordinación de la política migratoria uruguaya a la de EEUU
La directora de la División de Protección Social para Personas Migrantes, Solicitantes de Asilo y Refugiadas del Ministerio de Desarrollo Social, Valeria España, también criticó la posibilidad de concretar acuerdos sobre deportados. Para la experta, consultada en otros espacios de Caras y Caretas, aceptar este tipo de acuerdos vacía de contenido la tradición humanista del país y somete la soberanía nacional a estrategias internacionales persecutorias.
Uno de los primeros aspectos que aclaró España es que este planteo no ha sido abordado formalmente en los ámbitos de gobernanza del Estado. La Junta Nacional de Migraciones, el órgano asesor del Poder Ejecutivo integrado por ministerios y representantes de la sociedad civil mediante el Consejo Consultivo Asesor, no había recibido hasta finales de la pasada semana, la propuesta para su análisis.
"Tenemos la expectativa de que esto es una discusión en ciernes y que no hay nada definido. Cualquier decisión de estas características debe someterse a consideración de la Junta Nacional de Migraciones", enfatizó la jerarca, recordando que la Ley 18.250 consagra el derecho a migrar como un principio de derechos humanos.
Desde la perspectiva de la funcionaria, la propuesta norteamericana replica esquemas implementados en otras regiones como los intentos del Reino Unido con Ruanda o de Italia con Albania para delegar la gestión del asilo en terceros países. Este tipo de acuerdos, argumentó, erosiona el principio internacional de no devolución (non-refoulement) y degrada la protección legal de los solicitantes de asilo.
España citó pronunciamientos de los Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre los derechos de los migrantes, quienes han instado a los Estados a abstenerse de suscribir acuerdos de externalización de fronteras por las graves vulneraciones de derechos civiles y políticos que conllevan. "No se trata de que Uruguay no sea un país de puertas abiertas; se trata de que Uruguay no puede prestarse a una política cuyo foco es la persecución y la construcción de un odio exacerbado hacia las personas en contextos de movilidad. Esto no es un programa de asilo ni una política de reasentamiento productivo, es subordinar la política migratoria uruguaya a la de Estados Unidos", afirmó.
Para la jerarca del Mides, el debate impulsado por la agenda internacional distrae la atención de las prioridades reales en la materia. Con aproximadamente un 3 % de la población nacida en el exterior según el último censo, el país enfrenta retos concretos en materia de integración e inserción formal.
Entre los ejes prioritarios, destacó la necesidad de impulsar procesos de regularización migratoria para garantizar un marco legal e inclusivo a quienes ya residen en el país. A esto se suma el fortalecimiento de la Comisión de Refugiados (CORE) para agilizar las solicitudes y optimizar la respuesta del sistema de asilo, junto con el desafío de desarticular los discursos de odio mediante la prevención de la xenofobia en el ámbito laboral y social, asegurando condiciones de trabajo equitativas que eviten la explotación por origen nacional.
Durante el último año, el Mides brindó atención a más de 25.000 personas de diversos orígenes. "La migración es una trayectoria de vida que aporta saberes y diversidad a la comunidad. En un contexto global atravesado por políticas de exclusión, Uruguay tiene la oportunidad de sostener su tradición histórica y demostrar que la dignidad y los derechos humanos no se negocian", afirmó España.
El costo humano invisible
Los analistas hablan de PIB y acuerdos bilaterales, pero hay una dimensión que los números no capturan, el trauma de las deportaciones forzadas. Hablamos de personas que construyeron sus vidas durante 10, 15 o 20 años en EEUU, que tienen hijos ciudadanos, hipotecas y empleos. Son arrancadas de su entorno y devueltas a países que a veces apenas recuerdan o que sencillamente ni siquiera conocen.
Los casos de “deportados cubanos” son solo la punta del iceberg. Detrás, hay historias de familias separadas, de niños que pierden a sus padres, de adultos mayores que ven desvanecerse sus pensiones y su seguridad social. La maquinaria deportativa no distingue, procesa cuerpos, no biografías.
La Administración Trump ha dejado claro que no habrá "excepciones humanitarias" ni "consideraciones especiales" para la región. Por lo tanto, el margen de maniobra de América Latina es estrecho, pero no nulo. Fortalecer los mecanismos de integración regional y construir políticas de empleo y protección social robustas son tareas urgentes. El problema es que estas soluciones requieren tiempo, recursos y voluntad política, tres bienes escasos en una región que aún no termina de recuperarse de la pandemia, la inflación y la crisis de deuda.
Al final, la política de deportaciones forzadas de Trump nos obliga a los latinoamericanos a mirarnos en un espejo incómodo. La respuesta tentativa no es sencilla. Y mientras no la construyamos, seguiremos siendo espectadores de una tragedia que, por previsible, no es menos dolorosa. América Latina necesita hoy, más que nunca, una política migratoria regional propia y exigir a EEUU que no utilice la migración como un mecanismo político, oportunista e impositivo.
