La revisión surge tras las revelaciones del periodista Eduardo Preve en Nada Que Perder de M24, donde se informa que el exsubsecretario del MSP, Luis Fraschini fue presionado desde el gobierno para cambiar un informe inicialmente favorable a Casa de Galicia.
Preve compartió fragmentos de la declaración de Reyes, abogado que representó a la mutualista en el primer concurso al que se presentó. El abogado declaró uno de los últimos días de diciembre de 2023 y recordó que en 2021, “cuando Casa de Galicia ya estaba con dificultades”, el MSP designó a dos veedores, Lucas Pereira y Luis Fraschini, para que supervisaran el estado financiero de la empresa. Su informe “era clave” para que tanto el MSP como la Junta Nacional de Salud (Junasa) avalaran que Casa de Galicia accediera a un préstamo del banco Santander por 12 millones de dólares, dinero que le permitiría seguir funcionando. Para acceder a ese monto, la exmutualista necesitaba la autorización de los organismos sanitarios a los efectos de poner “como garantía” las cápitas que recibía por medio del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
Según declaró Reyes, Fraschini fue presionado por el Poder Ejecutivo, específicamente por Luis González Machado, en aquel entonces presidente de la Junasa, para que el informe, que en principio consideraba que la mutualista podía seguir funcionando por sus medios, se modificara y expresara lo contrario. En 2021, Fraschini le transmitió a Reyes, en palabras del abogado, que Casa de Galicia tenía “salida”, por eso su informe “fue favorable a que le dieran ese préstamo”, agregó en su declaración.
En principio, el informe de los veedores detalló que “el escenario actual de Casa de Galicia en el aspecto económico-financiero es muy delicado” y que, a pesar de los esfuerzos “que se vienen realizando por la empresa para mejorar ingresos y reestructurar gastos, se requiere una rápida inyección de fondos que aporte un mínimo de capital de trabajo para posibilitar el funcionamiento”, con referencia a la importancia de que la exmutualista accediera a los 12 millones de dólares.
En otro tramo de la declaración, Reyes afirmó que, a su entender, el Poder Ejecutivo, los síndicos designados y la Junasa tenían intención de que la mutualista cerrara. Finalmente, la intervención de la mutualista se decretó el 26 de octubre de 2021, 15 días después de que la empresa se presentara a concurso, porque sabían que no iban a poder acceder al préstamo.
