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Causa Conexión Ganadera se encamina a juicio abreviado

La estafa en Conexión Ganadera que investiga Fiscalía implica dimensionar que están en juego decenas de años de cárcel y 250 millones de dólares.

La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos a cargo de Enrique Rodríguez citará en el marco de la causa Conexión Ganadera a unas 20 personas en calidad de indagadas y testigos pertenecientes a una treintena de empresas. Lo que se sabe hasta ahora es que las empresas Hernandarias SA y Del Terruño SRL son las que formaban parte de un grupo económico. Por lo pronto, el fiscal tiene en su carpeta a siete personas en calidad de indagadas, además de las tres ya imputadas por estafa y lavado de activos: Daniela Cabral Bilhere, Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow. La causa podría finalizar en un juicio abreviado.

Entre 2021 y 2024, mientras el Grupo Larrarte y República Ganadera comenzaban el efecto dominó de la debacle de los negocios ganaderos, Gustavo Basso y Pablo Carrasco, para sí o para terceros, adquirieron vehículos e inmuebles por unos 16 millones de dólares que se distribuyeron en forma muy desigual. Basso y/o sus hijos adquirieron bienes por más de 12 millones de dólares y Carrasco y/o sus hijos por más de 2 millones de dólares, según el texto de formalización del fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Enrique Rodríguez. En principio la empresa contó con un activo cercano a los 400 millones de dólares de los que quedan unos 150 millones de dólares. Por eso dijo el fiscal Enrique Rodríguez, de Delitos Económicos y Complejos, “esto significa que el pasivo total de la empresa se estimaría aproximadamente en 250 millones de dólares”. El fiscal Rodríguez también tomará declaraciones de cuadros gerenciales de las empresas integrantes del grupo económico y a tomadores de ganado que fueron contratados para engordar ganado propiedad de los inversionistas damnificados de Conexión Ganadera.

En todas las formas de contrato que tenía Conexión Ganadera con los inversionistas Engorde, Pool Ganadero, Terneros y Bono Ganadero, el ganado era entregado al tomador, que, en la mayoría de las veces, indicó el fiscal Rodríguez en su pedido de formalización al que accedió Caras y Caretas, se trataba de la empresa Hernandarias XIII. Precisamente, según pudo conocer este medio, esta empresa que se encargaba de la gestión del ganado, así como de su transporte y posterior venta a los frigoríficos, junto con la empresa Del Terruño SRL, son las que aparecen en la investigación del fiscal Enrique Rodríguez como integrantes del grupo económico que funcionaba como parte de Conexión Ganadera.

La visión de Fiscalía

El fiscal sostuvo que en muchos casos los ahorros de los clientes fueron destinados en buena parte a cubrir el pago de intereses y/o devolución de capital de otros ahorristas no siendo destinado a la compra de ganado, sino sólo tratar de disimular las pérdidas y seguir captando nuevos inversores engañados por la propuesta. El fiscal subrayó que de esa manera la operativa se transformó en un verdadero esquema Ponzi. De hecho, según declaró el propio contador de Conexión Ganadera, José Carlos Santeugini, “el dinero aportado por los inversores nunca ingresó en la contabilidad de la empresa sino en sus cuentas bancarias”.

El fiscal Rodríguez describió que tanto Basso como Carrasco adquirieron multiplicidad de bienes muebles e inmuebles y proporcionaron fondos para que sus hijos hicieran onerosas inversiones inmobiliarias. Los bienes que hasta ahora se conoce fueron los adquiridos por Basso o sus hijos contabilizan 12.384.618 dólares. Se discriminan en un padrón en la calle Vázquez Ledesma comprado en octubre de 2021 a 395 dólares por Agustina y Candelaria Basso. Padrones en Castillos adquirido en marzo de 2022 por la empresa Sauce Chico SA donde el único accionista era Gustavo Basso, por el precio de más de 3 millones de dólares, que se pagó con cinco cheques cruzados del BROU a nombre de Gustavo Basso de la cuenta de Conexión Ganadera.

En su pedido de formalización el fiscal indicó que “cabe consignar que se trata de la misma cuenta del BROU que figuraba en los contratos en la que los clientes debían depositar el capital invertido. Adquirieron además padrones en Río Negro, Florida, Durazno, en Lavalleja. Entre los bienes comprados se adquirieron Toyota Hilux a 53490 mil dólares en enero de 2022, un Peugeot 208 Modelo 2022 a 25480 dólares, un Fiat Nueva Strada también el mismo año a 20390 dólares, un Jeep Grand a 139 900 dólares, un Tesla Model en 2023 a 55 mil dólares, un Renault Nueva Oroch a 21257 dólares en diciembre de 2022, un Volkswagen Saveiro Modelo 2023 y adquirido en 2023 a 12.350 dólares, un Chevrolet Montana a 25290 adquirido en agosto de ese año, un Chevrolet Silverado modelo 2023, un Chevrolet Silverado a 92.990 en noviembre de 2023, un Fiat Toro a 34990 dólares en febrero de 2024 y un Hyundai New Kona a 45.990 dólares a fines de febrero de 2024. Una camioneta Maserati en julio de 2024 a 170.500 dólares.

Y por su lado Pablo Carrasco y/ o sus hijos adquirieron, según se conoce hasta ahora, bienes por la cifra de 2.164.653 dólares. La familia Carrasco-Iewdiukow compró padrones en Montevideo a 326 mil dólares el 7 de febrero de 2022 y otro padrón ubicado en la calle Carranza en Madrid, España, que ascendió a 1.182.713,40 euros en julio de 2022”. El fiscal Rodríguez sostuvo que “con respecto a esta compra se encuentra pendiente la respuesta del exhorto librado al Reino de España para determinar la trazabilidad del dinero con el que se pagó ese inmueble. Carrasco además adquirió un padrón en Montevideo a 145 mil dólares en diciembre de 2022, otro en Punta del Este a 290 mil dólares en mayo de 2024, y cinco vehículos, uno de ellos de marca Chevrolet Silverado a 89.990 dólares en setiembre de 2021. En total, los vehículos comprados por Pablo Carrasco y/o sus hijos ascienden a 220.940 dólares”. El abogado Santiago Alonso, quien representa a víctimas que invirtieron unos 22 millones de dólares, dijo a Caras y Caretas que estos bienes son los que hasta ahora se pudieron identificar. En la audiencia, Alonso indicó que el rol de los abogados representantes de víctimas es de tercero coadyuvante de la Fiscalía en esta etapa, que es la instancia inicial y corresponderá luego que la víctima tenga otro papel, y por eso corresponde allanarse al pedido fiscal, en la etapa de formalización.

Decia: “Se le está haciendo precio con los delitos”

El abogado representante de víctimas que habían invertido ahorros en Conexión Ganadera, Juan Pablo Decia, dijo a Caras y Caretas que no le satisfizo la respuesta dada por el fiscal Enrique Rodríguez sobre que no se formalizó a ninguno de los tres imputados por el delito de insolvencia societaria fraudulenta porque, hasta ahora, no se ha determinado exactamente el activo y pasivo de la empresa. Decia contestó que “para formalizar la investigación penal por este delito no es necesario haber determinado el activo y pasivo.

No tiene que haber un inventario ya determinado, eso es insultar la inteligencia de los operadores jurídicos”. “Tampoco imputó por el delito de asociación para delinquir. “Si el fiscal se encarga de decir que se trata de un conjunto económico, cada uno con sus roles, que participaban de la administración y gestión, no se puede sostener que esa conducta entre los tres imputados fue consumada en forma aislada. De esa manera, estimó, “se está haciendo precio con la futura pena”. Decia dijo que “conozco toda la carpeta investigativa y ninguna de las pruebas que está pendiente cambiará sustancialmente las imputaciones”.

Añadió que tampoco se imputó el delito de lavado de activos a la esposa de Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow, y a la viuda de Basso, Daniela Cabral. Sin embargo, dijo Decia a Caras y Caretas, Ana Cabral “posee varios bienes producto de la actividad ilícita que se llevaba adelante en Conexión Ganadera, por ejemplo la camioneta Maserati” Grecale GT modelo 2024 comprada por Gustavo Basso por 170.500 dólares en julio de 2024, “al tiempo que transfirió plata de su cuenta para que Candelaria Basso comprara un campo en Lavalleja”. Con respecto a Cabral, sus abogados, Pablo Donnángelo y Eduardo Sasson hicieron hincapié en que su clienta no trataba con clientes, no hacía publicidad de ningún tipo y menos podía inducir a error a nadie, agregaron que Ana Cabral nunca firmó un contrato por Conexión Ganadera ni participaba en cuestiones operativas ni financieras”.

Donnángelo y Sasson indicaron que “no teniendo hoy a Basso para imputarlo e investigarlo, se desquitan con su viuda. La responsabilidad penal es individual, personal e intransferible y se termina con la muerte. Quien está sentada aquí no es Basso, es su viuda y las conductas que pudieran imputársele a Basso no se traspasan por partida de matrimonio a la viuda”. Por otra parte, con respecto a un posible juicio abreviado una vez que finalice la investigación, Decia respondió que es muy factible que esta causa termine en un juicio abreviado. Consultado sobre si la idea es de recibo, Decia dijo a Caras y Caretas que “en la medida que los bienes aparezcan y se tipifiquen todos los delitos, es un instrumento válido de la ley procesal penal y tanto Fiscalía como imputados tienen el derecho de acogerse”. En cuanto al pasivo que ahora se estimó en la última audiencia y que alcanzaría los 250 millones de dólares, Decia respondió que si esto se concreta es mejor para los inversionistas que el primer escenario de 400 millones de dólares de pasivo que había divulgado la empresa.

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