El impulsor del aditivo es el senador nacionalista Sebastián da Silva, aseguró a La Diaria que sabe que “es inviable” que sea aprobado, pero que tiene un “fundamento ideológico” para promoverlo, y es que “las pensiones tienen que ser todas iguales”. Dijo también que, en función de un decreto del expresidente Tabaré Vázquez, “hay 300 pensiones” para ex presos políticos “que se pueden heredar”, incluso en el caso de hijos mayores y para otras generaciones, aunque la normativa no establece lo que afirmó el senador. El único decreto reglamentario de la ley de la PER es el 106/007, y dispone que “el fallecimiento del beneficiario de la pensión especial reparatoria será causal de pensión de sobrevivencia a favor de su cónyuge o concubino/a more uxorio y sus hijos menores, a cuyos efectos la referida pensión especial reparatoria constituirá el sueldo básico de pensión”. Por otra parte, el régimen general prevé las pensiones de sobrevivencia en caso de fallecimiento del proveedor de ingresos en un hogar.
Comunicado de Crysol
La asociación de ex presos políticos Crysol emitió un comunicado en el que califica la propuesta como “una miserable iniciativa de los defensores de los represores encarcelados” y “una operación política y mediática repudiable”. “El objetivo es claro: presentar a los ex presos y ex presas políticas como ‘privilegiados’ ante la opinión pública”, denuncia la organización.
Crysol recuerda que la PER es “una reparación”, “un resarcimiento económico, imperfecto, que el Estado otorgó a miles de personas” que fueron secuestradas y torturadas, y cuyos proyectos de vida “fueron destruidos”. La organización recuerda que esta reparación tiene “múltiples carencias, restricciones e imperfecciones” que han sido cuestionadas por organismos de derechos humanos, por ejemplo, el hecho de que para percibir la PER los beneficiarios deban renunciar a sus propias jubilaciones y pensiones.
Hoy hay menos de 1.600 personas que reciben la PER, y en promedio tienen entre 78 y 79 años. Según informa Crysol, hay “unas 250 personas, mayormente del sexo femenino y/o hijos discapacitados”, que perciben la pensión de sobrevivencia. “Pretender ahora sacar la pensión de sobrevivencia a quienes ya la tienen, o negarla para casos futuros, no “ahorra” nada significativo al BPS. El universo de beneficiarios es decreciente y el impacto presupuestal es mínimo. Tampoco resuelve ningún problema de seguridad social. Jurídicamente no tiene asidero. Políticamente está condenada al fracaso”, sentenció Crysol, y concluyó que “el objetivo real” de esta iniciativa es “satanizar a las y a los ex presos políticos”.
