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Política Operación Carancho | red | abogados

Aves de rapiña

Operación Carancho: la trama que involucra a abogados y policías para lucrar con accidentes de tránsito

La Operación Carancho reveló una red de abogados y policías que lucraba con víctimas de accidentes.

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Por Redacción de Caras y Caretas

La Justicia imputó a 12 personas —entre los que figuran abogados, policías, enfermeros y funcionarios públicos— en el marco de la "Operación Carancho", una investigación dirigida por la Fiscalía de Toledo y la Dirección de Crimen Organizado. La red está acusada de delitos como cohecho, asociación para delinquir y manejo de información confidencial para captar a víctimas de siniestros de tránsito y cobrar indebidamente las indemnizaciones del Seguro Obligatorio Automotor (SOA).

Red de información y modus operandi

La investigación comenzó a raíz de la denuncia de una víctima que fue amenazada por uno de los abogados tras intentar cambiar de patrocinio legal. La maniobra funcionaba mediante una red de contactos clave en el ámbito de la salud y la seguridad:

Captación de datos: Efectivos policiales y personal de emergencias médicas filtraban historias clínicas y partes policiales a cambio de dinero. Un exoficial que ejercía como abogado oficiaba de nexo principal.

Abordaje a víctimas: Con la información obtenida, los sospechosos contactaban a los heridos en centros de salud o domicilios para hacerles firmar la representación legal.

Cobro del SOA: Una vez liberados los fondos del Seguro Obligatorio Automotor, la organización retendía porcentajes significativos del dinero correspondiente a las víctimas.

Detenciones y alcance de la causa

El operativo incluyó allanamientos matutinos en los domicilios de los profesionales implicados. Entre los formalizados figuran cinco abogados —algunos vinculados a casos de alta repercusión pública— y al menos dos efectivos policiales.

Desde la Fiscalía informaron que esta primera etapa abarca al núcleo con mayor nivel de responsabilidad, anticipando que las penas previstan oscilan entre cuatro y cinco años de penitenciaría. La investigación continúa abierta y se prevé la citación de otra decena de involucrados en las próximas semanas.

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