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El caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue un duro golpe para el gobierno. Cayó la cúpula del ministerio de Relaciones Exteriores y del Interior, además de varios jerarcas de la policía.
Así las cosas, al terminar noviembre, 45% de los uruguayos dijo aprobar la forma en que Luis Lacalle Pou se está desempeñando como presidente y 36% que lo desaprueba, mientras 18% tiene opiniones intermedias (“ni aprueba ni desaprueba”) y 1% no opina, según la encuesta de Equipos Consultores. Con estos datos, el presidente obtiene al terminar el año un saldo neto de +9 (producto de la resta entre la aprobación y la desaprobación).
Cuando se comparan estos datos con los de la medición anterior (octubre), se registran algunas variaciones. La aprobación cae 3 puntos (de 48% a 45%), y la desaprobación crece 4 (de 32% a 36%). Producto de estos movimientos el saldo neto, que era de +16 en octubre, pasó a +9 en noviembre.
La explicación más plausible para estas variaciones está vinculada a los episodios del denominado “caso Marset”, que derivaron en las renuncias de dos ministros y otros jerarcas del gobierno a principios de noviembre.
Cuando se analizan los datos en una perspectiva temporal más larga, los datos de noviembre son menos llamativos. De hecho, los datos actuales son muy similares a los que el presidente tuvo durante todo el primer semestre del año (con un leve mayor nivel de desaprobación).
En el balance, la caída en la evaluación presidencial en este episodio fue menor a la registrada hace exactamente un año durante el “caso Astesiano”. En aquel entonces, en diciembre de 2022, la aprobación presidencial había caído a un registro de 39% y la desaprobación había crecido a 38%, es decir, el presidente terminó el año 2022 con un saldo neto apenas positivo de +1, que representó el punto más bajo de la evaluación presidencial a lo largo de todo este período.