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Política | Caram

Colorados entienden que Caram y Dos Santos deben resarcir a la Intendencia por los daños

El Partido Colorado, socio del herrerismo en la coalición de gobierno, se pronunció condenando los hechos que llevaron al intendente Caram ante la Justicia.

22 de julio de 2024 - 18:34

Los colorados reaccionaron ante la condena e inhabilitación del intendente de Artigas Pablo Caram y la exdiputada Valentina Dos Santos y sostienen que deben resarcir a la Intendencia el “daño sufrido por su conducta ilegítima”. Reclaman la aprobación “de los proyectos de ley presentados por dos legisladores del Partido Colorado ” sobre ingreso de funcionarios a los gobiernos departamentales.

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“El sistema democrático no admite, y nuestra legislación condena, todo acto de corrupción en el uso indebido del poder público o ejercicio de la función pública”, entiende el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado ante los hechos de Artigas.

Sostiene que se hace necesaria la aprobación de los proyectos del exsenador Adrián Peña “sobre transparencia y obligatoriedad de concursos en el ingreso a la función pública en las Intendencias y del diputado Conrado Rodríguez, referido a la suspensión y pérdida del derecho al cobro de subsidio previsto en el artículo 5 de la Ley 15.900 por delitos contra la administración pública y otros relacionados a la corrupción”.

Resarcir a Artigas

A juicio de los colorados en este caso corresponde aplicar el artículo 25 de la Constitución contra los funcionarios condenados, a efectos de “resarcir a la Intendencia de Artigas del daño sufrido por su conducta ilegítima”.

Dicho artículo establece: “Cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación”.

Felicitó, además, a los ediles departamentales Daniel Argañaraz, Cecilia Umpierrez y Francisco Bandera “por la correcta decisión de haber presentado denuncias penales fundadas en el ejercicio de la tarea de control de la gestión y el uso ajustado a derecho de los dineros públicos por parte de las intendencias departamentales”.

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