Entre los principales cambios, se agregan nuevos delitos precedentes del lavado de activos; entre ellos los ambientales , el fraude en las entidades integrantes del sistema financiero nacional y los ciberdelitos cuyo monto real o estimado supere las 100 mil unidades indexadas.
También se agregan nuevos sujetos obligados no financieros: personas o empresas que están obligados por su actividad profesional a presentar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
Entre los aspectos principales del proyecto está reducir a US$ 32 mil el monto que se puede manejar en cualquier tipo de operación en efectivo. En la normativa actual, vigente desde la LUC, el monto máximo es de US$ 160 mil. Este aspecto fue compartido en comisión por los legisladores colorados pero no por los nacionalistas.
Los artículos más polémicos que se discutirán el 17 en Diputados
Entre los ítems polémicos del proyecto está la eliminación de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, que desde el Poder Ejecutivo la justifican por las pocas condenas conseguidas desde su creación y los problemas procedimentales en las investigaciones. Sostienen que todas las fiscalías deberían investigar el delito de lavado de activos.
Sin embargo, este es uno de los puntos del articulado que ni blancos ni colorados decidieron acompañar en la comisión y seguramente sea uno de los principales temas de debate en el pleno del 17.
Otro artículo que no fue acompañado por blancos y colorado es el que le dá nuevas potestades a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).
El mismo estipula una serie de facultades para la Senaclaft; como realizar inspecciones de bienes muebles o inmuebles “detentados u ocupados” por los sujetos obligados o aquellos que hayan tenido participación “directa o indirecta” en negocios que estén siendo investigados.
