En este contexto, el intendente Albisu aún no ha tomado una resolución definitiva sobre la reestructura. Según informó ADEOMS, el mandatario decidirá en los próximos días, una vez que reciba el informe de Jurídica. Mientras tanto, en Salto crece la expectativa —y la tensión— sobre si el conflicto seguirá por la vía de la negociación o si desembocará en medidas más duras.
Flashback
Una situación similar, pero de mayor gravedad, ocurrió en el traspaso de la administración de Germán Coutinho a la de Andrés Lima, en 2015, la Intendencia de Salto atravesaba una delicada situación financiera, con un déficit estimado en más de $ 1.000 millones y severos atrasos en el pago a proveedores y funcionarios. Lima asumió con una carpa, frente a la comuna, colocada como medida de protestas, por el impago de salarios.
Según consignaron en su momento medios locales y nacionales, la comuna tenía compromisos salariales pendientes y había implementado un régimen de adelantos parciales para cubrir los sueldos. La nueva gestión heredó también una plantilla sobredimensionada —cercana a los 2.000 funcionarios—, lo que, sumado a la caída de ingresos y a deudas acumuladas con el Banco República y el BPS, llevó a la adopción de medidas de ajuste, renegociación de pasivos y reducción gradual de personal mediante retiros incentivados.
En 2015 Lima asumió una intendencia con 500 funcionarios de la administración anterior, la idea era despedirlos a todos porque no se podían pagar esos salarios, Adeoms negoció que permanecieran aproximadamente 250 de esos 500. Frente a los 500 funcionarios que dejó el colorado ahora la administración limista dejó 292 funcionarios que Albisu, según Adeoms pretende echar.
