La cifra no corresponde a un registro oficial de millonarios elaborado por el Estado uruguayo, sino a una estimación internacional que contempla los activos financieros y no financieros de las personas, descontando sus deudas.
Casi 18.000 personas con más de un millón de dólares
De acuerdo con la información publicada por Búsqueda, el número de millonarios en Uruguay experimentó un incremento de 356 personas durante 2025. De esta manera, el país llegó a un total estimado de 17.923 individuos con una fortuna neta superior a US$ 1 millón.
El cálculo forma parte del Reporte Global sobre la Riqueza de UBS, que analiza la evolución patrimonial en decenas de economías mediante información de organismos internacionales, bancos centrales e institutos nacionales de estadística.
Para determinar la riqueza neta, el estudio suma los activos financieros y no financieros de las personas y resta sus deudas. Por tanto, el indicador no equivale a los ingresos anuales ni al dinero disponible en efectivo: contempla también bienes y activos que forman parte del patrimonio, como las propiedades inmobiliarias y las inversiones financieras.
Según el mismo informe, la riqueza promedio por adulto en Uruguay alcanzó los US$ 90.936, uno de los niveles más elevados de América Latina. Este dato, sin embargo, no significa que todos los habitantes dispongan de un patrimonio semejante. Un promedio puede verse impulsado por las grandes fortunas y no refleja por sí solo cómo se distribuye la riqueza entre la población.
En el contexto regional, América Latina concentra aproximadamente el 1,5% de los millonarios del mundo. Brasil encabeza la lista de países latinoamericanos en cantidad de personas con patrimonios superiores al millón de dólares, con unos 386.000 millonarios al cierre de 2025.
El debate sobre los impuestos a las grandes fortunas
El crecimiento del número de millonarios vuelve a colocar en el centro de la discusión pública la posibilidad de aumentar la contribución fiscal de los sectores más ricos.
En Uruguay, el PIT-CNT ha promovido la idea de establecer un impuesto dirigido al 1% de la población de mayores recursos, con el propósito de financiar políticas contra la pobreza infantil. La iniciativa, sin embargo, no ha conseguido transformarse en una propuesta tributaria asumida por el Poder Ejecutivo.
La controversia enfrenta distintas perspectivas sobre cómo distribuir la carga impositiva, mejorar la recaudación y financiar las políticas públicas sin desalentar la inversión.
En ese escenario, la información sobre los patrimonios más elevados permite dimensionar la existencia de un segmento con una capacidad económica considerable, aunque no determina por sí sola cuánto podría recaudar un eventual impuesto ni cuáles serían sus efectos sobre la economía.
Para evaluar una medida de ese tipo también sería necesario conocer cómo se distribuyen esas fortunas, qué parte de los activos podría quedar alcanzada por el gravamen, cuáles serían los costos administrativos y qué respuestas podrían adoptar los contribuyentes afectados.
Los cambios tributarios y las decisiones de inversión
El entorno fiscal aparece, además, entre los factores que pueden influir en las decisiones de las personas con grandes patrimonios.
Marcello Chilov, responsable de UBS Global Wealth Management para América Latina, señaló al citado medio que la evolución de la riqueza en los próximos años dependerá del desempeño de la economía, los mercados financieros y las monedas, pero también de las condiciones tributarias.
Según el ejecutivo, los cambios fiscales pueden llevar a las familias de mayor patrimonio a revisar la forma en que estructuran sus activos y planifican sus inversiones, especialmente cuando mantienen intereses o bienes en diferentes jurisdicciones.
Chilov también destacó la importancia creciente de la diversificación internacional a medida que los patrimonios se vuelven más complejos. En ese contexto, consideró que Uruguay cuenta con condiciones que pueden favorecer el desarrollo de este segmento y una gestión más sofisticada de las grandes fortunas.
Las modificaciones tributarias forman parte de ese escenario. La Ley de Presupuesto del actual gobierno y un decreto aprobado en mayo de 2026 ampliaron el alcance de la tributación de determinadas rentas del exterior gravadas por el IRPF, incorporando rendimientos de capital inmobiliario y ciertos incrementos patrimoniales derivados, por ejemplo, de la venta de activos en el extranjero, cuya tasa aplicable a esas rentas es del 12%.