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Bolivia sancionó la ley que facilita el estado de excepción para frenar los bloqueos y protestas en medio de una profunda crisis.
En medio de una fuerte ola de protestas y bloqueos que cumplen casi un mes en Bolivia, la Cámara Baja aprobó la eliminación de las trabas legales para que el Ejecutivo pueda aplicar la medida de emergencia.
Bolivia ha dado un paso decisivo hacia la implementación del estado de excepción en su territorio. En una sesión virtual convocada de urgencia ante la gravedad de las protestas en la capital, la Cámara de Diputados —actuando como cámara revisora— sancionó el proyecto de ley que elimina las restricciones legales vigentes para la aplicación de esta medida de emergencia, remitiendo el texto de inmediato al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
"Queda aprobado el artículo único del proyecto de ley en su estación en detalle; habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y detalle, siendo Cámara Revisora, queda sancionada la presente ley", declaró formalmente el presidente de la Cámara Baja, Roberto Castro Salazar, durante el desarrollo de la sesión.
Este avance parlamentario se produce inmediatamente después de que el pasado 24 de mayo la Cámara de Senadores aprobara la abrogación de la Ley 1341 de "Estados de Excepción". Dicha normativa, que se encontraba vigente desde el 23 de julio de 2020, operaba como un estricto marco de reglas y límites constitucionales para el presidente de la República a la hora de decretar medidas de emergencia. Con su eliminación, el actual mandatario obtiene una vía libre y sin trabas administrativas para tomar el control excepcional del orden público.
La urgencia legislativa responde directamente a la profunda crisis social que mantiene en vilo al país andino de cara al cierre de este mes de mayo. Desde el pasado 1 de mayo, diversos sectores sociales —liderados por la Central Obrera Boliviana (COB), agrupaciones de mineros y movimientos campesinos afines al expresidente Evo Morales— iniciaron un plan de lucha nacional.
Al día de hoy, se contabilizan alrededor de 50 bloqueos de rutas en carreteras estratégicas. El objetivo político es explícito y radical: exigen la renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el mando de la nación hace apenas seis meses.
Desabastecimiento crítico: Ciudades de alta densidad como La Paz y El Alto ya registran una alarmante escasez de alimentos e insumos básicos debido al aislamiento vial.
Corredores humanitarios fallidos: El Poder Ejecutivo ha intentado de manera reiterada establecer mesas de diálogo con los manifestantes e implementar corredores humanitarios custodiados por la Policía y las Fuerzas Armadas, pero todas las iniciativas han fracasado ante la intransigencia de los bloqueos.
Con la ley ya en manos del presidente Rodrigo Paz para su inminente promulgación, el Gobierno boliviano queda facultado para activar de forma inminente el estado de excepción, un escenario que militarizaría el control de las carreteras y que promete elevar al máximo la tensión política en la región.