"Es un genocidio porque no hay país en el mundo que sobreviva meses sin combustible y además poniendo en riesgo la vida de su población. Desde el mes de marzo no ha entrado un solo buque de combustible que no fuera un donativo", denunció la viceministra.
Esta parálisis en el suministro energético ha forzado al país a depender del crudo pesado de producción nacional para el funcionamiento de sus termoeléctricas y a acelerar de forma sustancial las inversiones en fuentes renovables de energía (llegando a representar un 13% de la matriz energética).
Las repercusiones sociales de este cerco se manifiestan gravemente en la vida cotidiana. En el ámbito de la salud pública, la crisis se refleja en más de 100.000 personas en lista de espera quirúrgica entre las que se cuentan 15.000 niños, sumado a un desabastecimiento severo de medicamentos oncológicos e insumos médicos esenciales. Esta compleja situación se extiende a los servicios básicos, donde cortes de energía de más de 20 horas diarias impactan directamente en el bombeo de agua potable, dejando en jornadas críticas a más de tres millones de personas sin acceso al suministro. A todo esto se añade un agudo aislamiento bancario derivado de la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, medida que ha bloqueado las vías transaccionales de la banca internacional y congelado fondos clave para la exportación e importación.
Las transformaciones económicas
Frente a las lecturas internacionales que interpretan las recientes normas aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular como un giro hacia el capitalismo, la viceministra fijó posición al respecto.
Lejos de responder a una improvisación, más del 80% de las medidas aprobadas ya estaban contempladas desde el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba y cuentan tanto con respaldo constitucional como con la ratificación de las máximas autoridades del país. En este marco, las reformas se ejecutan bajo la premisa de mantener intacta la soberanía nacional, sin que representen una capitulación ni una respuesta directa a las presiones o al chantaje del bloqueo estadounidense. De este modo, el proceso garantiza la preservación del modelo socialista al descartar de plano una privatización acelerada y asegurar que la educación y la salud pública continúen siendo servicios universales y gratuitos para toda la población.
Las transformaciones habilitan esquemas de asociación público-privada, abren nuevos sectores como la industria e inmobiliaria a la inversión, y promueven un ecosistema de actores no estatales en áreas estratégicas de la economía.
Un aspecto central de la normativa aprobada es el nuevo estatuto migratorio y comercial de "Inversores y de negocios", enfocado en los cubanos residentes en el exterior. Bajo este marco legal, los ciudadanos en la diáspora pueden constituir emprendimientos o invertir capitales en sus comunidades de origen en Cuba sin perder su residencia permanente en el extranjero.
"Estamos convencidos de que nuestros compatriotas que están en la diáspora en todas partes van a contribuir a la recuperación y al desarrollo de nuestro país", señaló Rivas Saavedra.
No obstante, la funcionaria advirtió que muchos de estos acuerdos comerciales e inversiones se manejan bajo estricta reserva para proteger a los empresarios e inversores de las sanciones secundarias impuestas por el Departamento del Tesoro de los EE. UU.
Cálido respaldo de la sociedad civil uruguaya
En su balance sobre la visita a Uruguay, Rivas Saavedra destacó el encuentro con la dirigencia sindical y los trabajadores en la sede del PIT-CNT, así como las muestras de apoyo de delegaciones gubernamentales y de la sociedad civil durante el foro regional de la CEPAL.
"Ahí no hubo frío ninguno; al contrario, primó la calidez de la amistad y de la solidaridad. Fue un ejercicio de aprendizaje mutuo muy importante para nosotros", concluyó la viceministra, reafirmando la determinación del gobierno cubano de ajustar y evaluar de forma dinámica las reformas implementadas para lograr la reactivación económica del país.
