Este asunto tomó centralidad en las últimas semanas de debate parlamentario, mientras desde el Frente Amplio señalan que viabilizaría la prisión domiciliaria a las personas procesadas por delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985).
Santiago Gutiérrez, integrante del sector nacionalista Por la Patria (lista 250), y nieto del exdiputado blanco asesinado en 1976 en Buenos Aires Héctor Gutiérrez Ruiz, afirmó a través de Twitter que está en contra de habilitar la prisión domiciliaria para los militares presos en la cárcel de Domingo Arena, lo que provocó la respuesta de la senadora blanca Carmen Asiaín, dirigente de Aire Fresco (Lista 404). “Ley general y abstracta para todos. Por eso nuestro proyecto deja fuera los delitos de lesa humanidad”, sostuvo la senadora.
Esto provocó la reacción de Andrade, uno de los referentes de la bancada opositora. El senador dijo que “el delito de lesa humanidad no existía en Uruguay cuando sucedieron los crímenes de lesa humanidad”, por lo que ninguno de los represores fueron juzgados por estos delitos, bajo esa tipificación. Por tanto, el legislador señaló a Montevideo Portal que la inclusión de estos crímenes en el proyecto como un aspecto que busca un efecto “comunicacional”.
Según un registro en manos de legisladores del Frente Amplio sobre imputados y condenados por delitos cometidos en la dictadura, hubo en Uruguay más de 30 procesamientos por diversas causas. Entre las personas procesadas estuvieron Juan Carlos Blanco, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, José Nino Gavazzo, Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez, entre otros. De acuerdo a este relevamiento, las causas fueron privación de libertad, homicidio, homicidio especialmente agravado y complicidad en tortura.
