En su condición de presidente de la Junta, contrató a una empresa unipersonal para realizar tareas de mantenimiento y refacciones en el edificio del legislativo. La empresa era la del alquilador de sombrillas dueño de las facturas. Una de esas noches, y mientras la Junta estaba en cuarto intermedio, Sánchez llamó a su hijo, le pidió el número de su cuenta en el BROU y le explicó que recibiría un dinero que debía girarle a él. El joven se asombró cuando constató que el dinero venía de la Junta, pero como su padre estaba allí, no sospechó nada raro. Ese movimiento se hizo en 10 oportunidades durante los cinco años pasados, totalizando un monto aproximado a los 40.000 dólares.
La contratación de la empresa se realizó sin respetar ninguna de las formalidades que rigen a la administración pública. El fiscal verificó que no hay un solo expediente referido a la contratación, a las obras a realizar y al cumplimiento de las mismas. Tampoco la empresa estaba registrada en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), requisito indispensable para cualquiera que contrate con el Estado. Peor: el presunto dueño de esa empresa declaró en fiscalía que “jamás había realizado algún trabajo para la Junta”.
El año pasado ocurrió un incidente que pasó desapercibido para la opinión pública pero generó conmoción entre los ediles. Una noche, mientras sesionaban, la esposa de Sánchez irrumpió a los gritos en el edificio del Legislativo llamando a una edila nacionalista con la que presumía su esposo tenía un amorio. Pero se equivocó de persona. La mujer fue retirada de la Junta con apoyo de la seguridad. Pero ese fue el detonante para lo que ocurrió después. La mujer se enteró de que su hijo había sido involucrado involuntariamente en el esquema de corrupción que había creado su ahora exmarido, y todo hace presumir que tuvo un papel preponderante en el desmantelamiento de la trama.
En febrero pasado, Jorge Bonica, director de El Bocón, recibió en mano una serie de documentos que demostraban los hechos de corrupción. Viajó a Maldonado, se reunió con la presidenta de la Junta, Verónica Robaina, y ésta, sin expresarse sobre el presunto acto de corrupción, corroboró que los documentos eran originales. Enseguida Bonica entregó la documentación al fiscal Vaz e hizo la denuncia pública a través de su programa de streaming “La verdad de la milanesa”.
La denuncia impactó en la Junta. El propio Sánchez tuvo dos extrañas actitudes. Primero le dijo a Bonica que si esa denuncia se hacía pública “se mataba”, y luego pidió que su bancada solicitara la creación de una Comisión Investigadora. Contaba con que se mantendría su impunidad, tal vez porque conoce otras cosas de otros ediles. Esto ocurría en plena campaña hacia las departamentales, y el escándalo público ya era imparable. Los blancos temían el impacto electoral.
Finalmente, la comisión se creó, pero la mayoría blanca impuso el secreto para todas sus actuaciones. Previo pago de 18.000 dólares, presentaron un trabajo realizado por el abogado nacionalista Augusto Durán Martínez, quien en lo sustancial establecía que “no había constatado ninguna irregularidad administrativa”. Se comió que la empresa no figuraba en el RUPE y que no existía ningún expediente que demostrara el contrato y las obras realizadas.
La actividad de la investigadora se pospuso para después del acto electoral de mayo y concluyó con dos informes. Uno en mayoría redactado por ediles blancos que determinó que “no hubo ninguna irregularidad”. Este informe obtuvo 22 votos blancos y del único colorado contra 9 del Frente Amplio. Pero a la vez esa mayoría impidió que el FA leyera su informe para que no quedara registrado en actas. A la luz de este resultado, la bancada de ediles frenteamplistas, acompañados por la dirección departamental de la coalición, presentó una denuncia ante la fiscalía de Vaz.
Nadie quiso llevar a Sánchez en ninguna de sus listas, por lo que en mayo quedó fuera de la Junta.
La investigación de Fiscalía
Inmediatamente el fiscal dispuso una serie de citaciones. A Bonica y a los ediles del FA para ratificar sus denuncias; al alquilador de sombrillas que prestó sus facturas; al hijo de Sánchez; a varios jerarcas administrativos de la Junta y a los tres expresidentes mencionados.
Fue el hijo de Sánchez quien aportó un dato determinante. Explicó al fiscal cómo empezó a recibir el dinero y cómo lo giró a su padre. Entonces abrió la aplicación del BROU en su celular y le mostró al fiscal todos los movimientos. Éste solicitó su permiso para fotografiar cada página. Con ese dato Vaz solicitó a la Justicia el levantamiento del secreto bancario para las cuentas de la Junta Departamental y de los tres ediles involucrados. Además, demostró que las obras para las que presuntamente se contrató a esa empresa nunca se hicieron, que ningún testigo las corroboró y que no existe ningún expediente que lo demuestre. El titular de las facturas pagadas declaró que “jamás hizo ningún trabajo para la Junta”.
Vaz no solicitó prisión preventiva pero sí medidas limitativas de la libertad de los formalizados que fueron aprobadas por la jueza, quien además dispuso se informara a la Corte Electoral “a todos los efectos”.
El abogado Álvaro Garcé, defensor de Darwin Correa, intentó interponer un recurso de nulidad de la audiencia basado en una cuestión formal, pero fue rechazado por la magistrada. Los defensores de Sánchez y Correa anunciaron que apelarán la formalización de sus clientes.
Darwin Correa, un mentiroso contumaz
El edil herrerista Darwin Correa se desempeñó como presidente de la Junta entre noviembre del 2022 y noviembre del 2023. Él continuó con el pago de las facturas emitidas por Sánchez, sin haber controlado su pertinencia y legitimidad. La Fiscalía sospecha que pudo haber recibido parte del dinero, pero es algo que se dilucidará durante el juicio. En su declaración ante el fiscal, Correa dijo que “actuó diligentemente y que incluso negoció con la empresa para intentar abaratar costos”. No explicó con qué empresa negoció, porque el titular de las facturas negó haber hecho algún trabajo. Para justificar su accionar, Correa mostró al fiscal unas fotografías con humedades de pared reparadas, aunque no quiso dejar las fotos para incorporar a la carpeta fiscal, por lo que era imposible verificar si las fotos eran de una pared de la Junta o, por ejemplo, de una pared de su casa.
El fiscal Vaz le imputó los mismos delitos que a Sánchez en calidad de coautor. Correa fue electo edil en mayo pasado, pero renunció para pasar a ejercer la suplencia del diputado Rodrigo Blás. Pudo llegar a quedarse con esa banca, porque cuando Luis Alberto Heber se retire del Senado, Blás ocupará el lugar del renunciante en el Senado.
Ambos han sido socios en negocios y defraudaciones. En el año 2014 Correa atendía una de las sucursales de la inmobiliaria Blás Propiedades. Durante un allanamiento realizado por la DGI, a él le encontraron unas cuadernolas donde se registraban las ventas de lotes de un fraccionamiento y que probaban que se había defraudado al organismo recaudador.
Pero ninguno de los dos fue procesado, regía el Código viejo, no porque fueran inocentes, lo dice claramente el fiscal Luis Pacheco, sino porque se lo impedía “el artículo 11 de la Instrucción de priorización de la persecución penal”. En su dictamen Pacheco explica que “en este caso daban todas las circunstancias. El expediente todavía estaba en etapa presumarial desde hacía más de un año, los tres indagados eran primarios absolutos y, además, se acreditó la reparación parcial del daño mediante el pago del total de los tributos adeudados, así como la real posibilidad de cobro de las multas y recargos pendientes a través de las acciones civiles en curso contra la empresa”. Agrega que, sin esa circunstancia, “habría solicitado un procesamiento sin prisión preventiva”.
Dos días antes de que Pacheco decidiera archivar el caso, el Consejo de Honorario de Instrucciones Generales de Fiscalía resolvió por mayoría absoluta incluir a los delitos de defraudación tributaria como de interés público. Si el fiscal Pacheco aplicaba este cambio en la Instrucción, Blás, Correa y otros habrían sido procesados. Y aunque el fiscal reconoció que fue notificado del cambio el mismo día que archivó, después de las seis de la tarde por correo electrónico, para ese entonces ya había tomado su decisión.
En el año 2021 Correa fue condenado por un delito de agresión contra un edil frenteamplista al que golpeó por la espalda dentro del edificio del legislativo.
Infante se fugó
El tercer expresidente citado para esta audiencia era el único que es edil en este momento, Alexandro Infante, reelecto en acuerdo con Rodrigo Blás. Todo parecía indicar que en esta causa era el que la tendría más fácil. Por qué no se presentó y decidió fugarse, en principio hacia Argentina, aunque algunas fuentes sostienen que se dirigiría a otro país, es algo que sorprendió hasta a sus propios abogados, que en la audiencia no supieron qué decir.
En su calidad de presidente de la Junta, entre 2023 y 2024, mantuvo los pagos de las facturas presentadas por Sánchez. Aún se desconoce si él también se quedó con parte de ese dinero. Como sea, su situación hoy es la más complicada, porque, declarado en rebeldía y con orden de captura emitida por la jueza, si fuera detenido irá a prisión efectiva mientras dura el juicio, por lo menos. Por ahora la orden de captura es a nivel nacional, pero si se constata que huyó al exterior, se podría solicitar su captura a Interpol.
Autoridades nacionalistas desvincularon del partido a los tres
En un comunicado emitido ayer, con la firma de Álvaro Delgado, el Directorio del Partido Nacional expresa: “En virtud del apego a la independencia de poderes y en resguardo a la institucionalidad de nuestra colectividad y en coherencia con decisiones anteriores, se dispone la suspensión inmediata de los derechos partidarios de los expresidentes Darwin Correa, Alexandro Infante y José Luis Sánchez, quienes no podrán ejercer representación política ni ocupar cargos en nombre del partido mientras se sustancie el proceso judicial”.
En tanto, la Departamental nacionalista tambien se expresó: “Hasta tanto no se dirima la situación, suspendemos de sus derechos partidarios a nivel departamental a todos los ciudadanos investigados, no pudiendo ocupar cargo alguno en nombre del partido, ni representarlo”. Agregan que: “Quienes nos honramos de reconocernos ‘blancos’ no somos de mirar para el costado cuando la vida nos enfrenta a situaciones difíciles. Esta es una de ellas, y por tanto debemos hacernos cargo”.
Por su parte, Unión y Cambio, sector liderado por Rodrigo Blás y del cual Correa era figura muy importante, expresó: “El sector Unión y Cambio del Partido Nacional comunica a la opinión pública que, a raíz de la formalización judicial del señor Darwin Correa, hemos resuelto suspender de forma inmediata su participación de cualquier forma en todas las instancias de nuestro sector. Respetamos plenamente el principio de presunción de inocencia y, mientras esperamos el desarrollo del proceso judicial, entendemos que es necesario enviar una señal clara de responsabilidad institucional”.
Algunas preguntas sin respuestas (por ahora)
• ¿Cómo pudo José Luis Sánchez acceder a un kiosco en la playa siendo edil y sin estar registrado en el BPS ni en la DGI, por lo que carecía de facturas?
• ¿La investigación también comprenderá los más de 500.000 dólares que tanto Sánchez como Correa repartieron cada uno entre periodistas y medios de comunicación sin ningún justificativo y sin plan publicitario?
• ¿Qué responsabilidad le cabría a los jerarcas administrativos de la Junta, particularmente a la contadora y delegada del TCR, que pagó facturas por contratos que no cumplían con ninguna de las formalidades que establecen las normas?
• ¿Qué responsabilidad le cabe a los ediles blancos y colorados miembros de la comisión investigadora que obviaron cumplir con su obligación como funcionarios públicos y no denunciaron un eventual delito?
• ¿Qué cosas sabe Sánchez de otros ediles que le aseguraron impunidad durante 5 años?
• ¿No tiene ninguna responsabilidad legal el abogado Augusto Durán Martínez, quien cobró 18.000 dólares por redactar un informe que, según demostró el fiscal Vaz, era por lo menos incorrecto?
• ¿Quién paga los honorarios del prestigioso abogado Fernando Posadas, defensor de José Luis Sánchez? Éste dijo a la jueza que se encontraba desempleado y tampoco es un hombre de vida económicamente cómoda.
Hay más noticias para este boletín
Como ya lo ha informado Caras y Caretas, el fiscal Jorge Vaz confirmó que, después de recibir una denuncia realizada por un ciudadano de Maldonado, abrió una causa para investigar el destino de los millones de pesos que han recibido los ediles de Maldonado como parte de “un sueldo encubierto”, según lo determinó en el año 2017 la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP). Esta misma semana el fiscal envió un oficio a la Junta Departamental para que informe todo lo relativo al uso de esos fondos públicos.
Con seguridad decenas de ediles blancos, frentistas y colorados serán citados por Fiscalía en los próximos meses para explicar qué hicieron con el dinero que recibieron mensualmente de la Junta Departamental como “sueldo encubierto” desde julio del año 2015.
Esta causa es consecuencia de la otra en la que se formalizó a tres expresidentes del Legislativo por mal uso de dineros públicos.
